El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, mantuvo este jueves que las ayudas que se concedieron al sector naval entre 2005 y 2011 son ilegales y que los inversores deberán devolverlas, aunque no los armadores y astilleros.

Almunia señaló que a partir de que Bruselas determinó en 2006 que el sistema francés de ayudas, muy similar al español, era incompatible con el derecho comunitario, España debería haber "tomado nota" y cesado de conceder estos beneficios fiscales.

Por su parte, la delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que acudió este jueves a Bruselas para defender que el sector naval español no tenga que devolver la tax lease, los incentivos fiscales a la financiación de la construcción de buques que recibió antes de 2011, consideró insuficiente la flexibilidad mostrada por la Comisión Europea, dispuesta a excluir a astilleros y armadores de la devolución de la financiación.

"Hay una modificación de la posición del vicepresidente (de la CE, Joaquín) Almunia" en los últimos diez días "consistente en que no sólo deja fuera de la devolución de ayudas a los astilleros sino que ahora deja también a los armadores", señaló Soria al término de la reunión con el también comisario de Competencia.

El ministro no consideró suficiente esta modificación y recalcó que lo que pide es que no se exija a España "devolver las ayudas desde el 2005 a 2011, sino solo desde el 2011 hasta la actualidad", ya que de lo contrario el daño para el sector y la industria española sería "irreversible".

"El hecho de que no tengan que devolver ni los armadores ni los astilleros supone que los que tengan que devolver son los inversores, que son los que financian", explicó Soria, al tiempo que apuntó a que en ese caso nadie financiará la construcción de un barco en España.

El ministro de Industria español aseguró que también sería perjudicial para la industria europea. "Nos basamos para ello en todos los argumentos jurídicos que ya son conocidos más en un argumento adicional" que es la "total inacción por parte de la CE" desde el año 2002, en el que se inicia este sistema de ayudas, hasta el 2011 que se producen las primeras denuncias, aseguró el ministro.

Soria recalcó que "nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas" y añadió que además cuando en 2009 Noruega se interesó ante la Comisión por el régimen español, la comisaria de Competencia en aquel momento, Neelie Kroes, afirmó en una carta que el sistema español era "plenamente compatible con las normas de la Competencia en Europa". "Esperamos que antes del 17 de julio haya una reconsideración", concluyó Soria.

El ministro de Industria confirmó que las ayudas afectadas superan los 2.000 millones de euros, pero si se cuenta sólo a partir de 2011 se trataría de una cantidad por debajo de los 1.000 millones. La Comisión Europea tiene previsto tomar su decisión final el próximo miércoles 17.

Soria llegó a la Comisión acompañado por el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de Asturias, Javier Fernández, así como los secretarios generales de los sindicatos UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo. A la reunión también asistieron en representación del sector el presidente de Pymar, la sociedad que agrupa a los 19 astilleros privados españoles, Álvaro Platero.