El que fuera delegado territorial de la Junta en Valladolid a partir de 2001, Jesús García Galván, imputado, junto con otras cinco personas en el 'Caso Arroyo' de presunta prevaricación urbanística, ha sostenido que el chalé adquirido a Mahía no fue una dádiva por supuestos favores a la promotora gallega, sino que pagó su precio con un préstamo recibido de su abuela y un amigo, ya fallecidos, y ha defendido la absoluta pulcritud de su actuación como presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Con el interrogatorio practicado al expolítico, en la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid, se ha puesto fin a la testifical de todos los imputados, tras la declaración previa, también hoy, del arquitecto municipal de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Buenaventura Conde Salazar, y la prestada el lunes por los otros cuatro imputados: el alcalde del municipio, José Manuel Méndez; el presidente de Mahía, Ramón López Casal; su socio, José Manuel Presas, y la apoderada de la mercantil, María Iluminada Miguel Fernández.

En su declaración, el hasta hace unas semanas portavoz del PP en la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de Valladolid ha sostenido que en el seno de la Comisión Territorial de Urbanismo, que presidía por aquel entonces en su condición de delegado de la Junta, todos los acuerdos fueron adoptados a instancia de una previa ponencia técnica y ha asegurado que en ningún momento fue instado por el alcalde de Arroyo a que beneficiara de forma intencionada a Mahía.

Pero donde las acusaciones pública y popular—esta última la ejerce la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI—han centrado la mayor parte de sus preguntas ha sido en la cuestión relativa al chalé por importe de 148.000 euros, en concreto una vivienda de 196 metros cuadrados sobre una parcela de 265, que García Galván adquirió a Mahía en la localidad coruñesa de Mugardos y que, según mantienen ambas partes, fue un "regalo" a cambio de favorecer la política expansionista de la promotora gallega en el municipio de Arroyo.

Al respecto, el expolítico, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reiterado que pagó el precio del chalé en efectivo y en mano el 21 de abril de 2004 en Zamora capital, fecha en la que se formalizó la escritura pública del inmueble en una notaría donde, según asegura, conoció por casualidad al presidente de Mahía, Ramón López Casal.

La razón de materializar la operación en la capital zamorana obedece a que un amigo del declarante, jefe de una sucursal de Caja Duero, se había ofrecido a facilitarle un préstamo hipotecario por importe de 166.000 euros, si bien García Galván ha advertido de que, a pesar de que dicha cantidad figura como ingresada en su cuenta, tuvo que recurrir a la ayuda de su abuela y de un íntimo amigo, hoy fallecidos, para que le prestaran el dinero puesto que la entidad no tenía liquidez en esos momentos.

"El jefe de sucursal me dijo que le tenía que haber advertido con tres o cuatro días de antelación para que tuviera disponible el dinero", ha indicado el exdelegado, que ante ello, y en apenas cuarenta y ocho horas, reunió el dinero con lo aportado por la abuela y su amigo ya que el compromiso adquirido con Mahía era el de abonar el importe en efectivo y no mediante un cheque.

Sin embargo, García Galván, quien también asegura que días después devolvió el dinero a sus prestamistas con el crédito bancario, no ha podido aportar ningún certificado, circunstancia que ha achacado a la confianza lógica que había con su amigo, del que asegura que le había prestado la mayor parte del dinero para afrontar el pago del chalé.

"Si usted hubiera pagado la vivienda con el crédito de Caja Duero, posiblemente no estaría hoy sentado en el banquillo", le ha replicado el fiscal, que, al igual que la acusación popular, están convencidos de que García Galván obtuvo el chalé de forma gratuita y utilizó el crédito bancario a otros fines distintos.

El arquitecto veloz

Por su parte, el todavía hoy arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, acusado de actuar en connivencia con el alcalde y los arquitectos de Mahía para favorecer los interéses de la mercantil gallega en operaciones urbanísticas en los llamados SAU-9 y SAU-13, ha defendido que sus informes técnicos fueron siempre consensuados con el secretario del Consistorio y en cumplimiento de la normativa urbanística vigente.

Sin embargo, los acusadores han hecho pública su sorpresa tras comprobar, documentalmente, la celeridad con la que el arquitecto evacuaba sus informes cuando los proyectos los presentaba Mahía e incluso con correcciones para que la promotora gallega subsanara distintas defiencias.

De hecho, las acusaciones han hecho referencia a un borrador a mano que Buenaventura Conde remitió por fax a Mahía relativo a una recalificación que la promotora pretendía lograr en el SAU-9. El documento, en el que aparece la leyenda "de Bocho a Quico", el arquitecto municipal, conocido con el primero de los dos sobrenombres, se dirige a uno de los arquitectos de Mahía, Francisco Javier Amenedo, para que subsane distintos errores para poder modificar el PGOU y atender así su petición reclasificadora.

"¿Le parece esto normal, en lugar de denegar la petición responder dando las claves por donde hay que corregir la solicitud?", le ha preguntado el fiscal, máxime cuando el escrito de Mahía y la respuesta de Buenaventura Conde se produjeron el mismo día.

El aludido, no obstante, ha justificado tal celeridad en que por aquellas fechas la expansión urbanística de Arroyo estaba en pleno auge y "quizá el expediente estuviera condicionado por alguna comisión que se tenía que celebrar próximamente", al tiempo que ha asegurado que el trato dado a Mahía era el mismo que el otorgado a otras empresas, entre las que ha citado las también gallegas Fadesa e Indeza.

"Ibamos con la lengua fuera y si usted dice que estaba ayudando a Mahía—en respuesta al fiscal—yo entiendo que era por ser práctico para evitar que se nos acumulara el trabajo en el área de urbanismo", ha enfatizado el arquitecto, que ha insistido en que en ningún momento favoreció a Mahía, y ello a pesar de que un arquitecto de dicha empresa tuviera montada con su propia esposa una sociedad dedicada a la decoración de inmuebles.

El juicio prosigue esta tarde con más testificales, entre ellas la esperada de Gómez Maroñas, un exsocio de Mahía que figura entre las principales pruebas de cargo de las partes acusadoras.

El Ministerio Fiscal, con carácter provisional, solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados, mientras que la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa, solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.