La Delegación del Gobierno en La Rioja ha sancionado a la empresa 'Doga 2011 SL' con 120.012 euros por la infracción muy grave del artículo 54.1F) de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que sanciona la simulación en la relación laboral para obtener permisos de trabajo, y consecuentemente, cobro de indemnizaciones y otros supuestos de fraude.

Las investigaciones fueron iniciadas con motivo del Plan de Acción de Control de Empresas Ficticias, es decir, empresas que carecen de una actividad real porque son creadas con el fin de simular ante las Autoridades Laborales unas relaciones laborales inexistentes, y facilitar así el acceso a los supuestos trabajadores a las prestaciones de la Seguridad Social, autorización para trabajar o reagrupación familiar, cobro de indemnizaciones y otros supuestos de fraude.

Resultado de este plan y tras la realización de visitas de inspección a los trabajadores, al domicilio social de la empresa y al de actividad y al del administrador se constataron indicios suficientes para concluir que 'Doga 2011 SL' carecía de actividad económica real.

Las entrevistas mantenidas con los trabajadores no aportaron ningún dato para poder localizar la empresa, centro de trabajo o sus responsables, contestando además a preguntas sobre su trabajo y empresa de forma imprecisa y con expresiones incorrectas. Algunos de ellos incluso confundían la actividad que desempeñaban.

Contrataciones elevadas

La empresa sancionada llegó a contratar a un número elevado de personas en el período de febrero a julio de 2012, que incluso tenían su domicilio de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en localidades notablemente lejanas, como Barcelona.

Las altas simuladas de los trabajadores y el impago de las cuotas de la Seguridad Social han generado una deuda con la Seguridad Social de 221.747 euros en el período de febrero de 2012 a julio de 2012, fechas de contratación de los trabajadores, todos ellos de origen extranjero.

Se procedió así a comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social que anuló las inscripciones de la empresa y las altas comunicadas. Por su parte, la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en La Rioja procedió a extinguir las autorizaciones de residencia o trabajo concedidas a las personas que figuraban en alta en la empresa DOGA 2011 SL.

El administrador, de origen pakistaní y con domicilio en Logroño y en Santo Domingo de la Calzada, había estado trabajando en el año 2011 en una empresa en Álava, cobrando además allí un subsidio. Hecho que se revocó posteriormente ya que la empresa para la que trabajó no tenía actividad, es decir, era otra empresa ficticia.

Doga 2011 SL se constituyó en agosto de 2011 por un único socio mercantil, que es el administrador, con el objeto social centrado en la construcción y el comercio al por mayor y menor de ropa y calzado.