Los padres de un fallecido en el incendio de La Pobla de Benifassà se quejan ante la Audiencia por la investigación

Los padres de uno de los dos fallecidos que tripulaban la aeronave siniestrada en el incendio forestal ocurrido el 15 de mayo de 2010 en La Pobla de Benifassà (Castellón) han remitido un escrito al presidente de la Audiencia Provincial de Castellón para manifestar su queja por el "modo en que se está llevando el asunto de la investigación judicial", según ha explicado en un comunicado el despacho de abogados contratado por la familia, Pau Simarro-Avocats.

Los padres de uno de los dos fallecidos que tripulaban la aeronave siniestrada en el incendio forestal ocurrido el 15 de mayo de 2010 en La Pobla de Benifassà (Castellón) han remitido un escrito al presidente de la Audiencia Provincial de Castellón para manifestar su queja por el "modo en que se está llevando el asunto de la investigación judicial", según ha explicado en un comunicado el despacho de abogados contratado por la familia, Pau Simarro-Avocats.

El despacho de abogados indica que, bajo su punto de vista, el siniestro fue causado por una "inadecuada" activación de medios de extinción y por la "ausencia" de órdenes preventivas de abandono del servicio, "pues el fuerte viento reinante en la zona en el momento del incendio desaconsejaban claramente la actuación del operativo aéreo que fue activado".

Sin embargo, —añade— "nadie, ni los responsables de operaciones de la empresa AVIALSA, ni los responsables de la extinción, Bombers de la Generalitat de Catalunya, ni los de la Generalitat Valenciana, desactivaron el operativo pese a que los pilotos que se aproximaron en primer lugar a la zona del accidente indicaron que no era viable su actuación", pues "representaba un grave peligro para los aviones y sus tripulantes".

Además, se indica que, "causado el siniestro y producido el lamentable y doloroso fallecimiento del piloto y del operador que le acompañaba, se inició el proceso judicial", que -según el despacho abogados- "no sólo no ha concluido aún, sino que ha sido archivado dos veces por el juzgado de instrucción pese a la oposición de las acusaciones particulares y del Ministerio Fiscal".

Así mismo, se precisa que la respuesta de la Audiencia Provincial al escrito de queja ha sido "tan escueta como descorazonadora", pues "se limita a indicar que sólo está pendiente de resolverse el recurso de apelación formulado por las acusaciones particulares frente al auto de archivo de fecha 25 de abril de 2013".

Actitud "totalmente pasiva"

En el escrito de queja ante la Audiencia, los padres del fallecido explican que, casi tres años después del siniestro, la Justicia "aún no ha no ha dado respuesta a la necesaria depuración de responsabilidades", antes al contrario, el juzgado que resultó encargado del asunto "ha archivado la causa en dos ocasiones y ha mostrado una actitud totalmente pasiva a la investigación del caso".

Así mismo, la familia manifiesta su "desazón y desencanto" con el proceso judicial, "pues la experiencia que nos ha reportada ha sido del todo negativa y nos ha generado una sensación de absoluto desamparo por parte de quienes deben arbitrar la justicia".

En dicha queja, se resumen los hechos y trámites realizados hasta la fecha, donde se indica que, tras el accidente, la Guardia Civil, tras tomar declaración a un testigo, remitió el 17 de mayo de 2010 las actuaciones al juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs.

El juzgado —se explica— "sin realizar absolutamente ninguna diligencia de investigación, y por tanto careciendo de argumentos ni pruebas de ninguna clase que le puedan llevar a considerar si, más allá de las condiciones meteorológicas reinantes en la zona, pudieran existir responsables del siniestro", en fecha 2 de junio de 2010 dictó Auto archivando las actuaciones judiciales, "al considerar que no había indicios para considerar la perpetración de algún delito".

Se indica en la queja que los padres del fallecido y la representación procesal de la viuda del piloto del avión presentaron un recurso de reforma y subsidiario de apelación que dio lugar al auto de la Audiencia Provincial de 8 de julio de 2001, "mediante el cual quedó revocado el auto de archivo del juzgado y fueron ordenadas diversas diligencias de prueba".

Vía contencioso administrativa

El abogado de la familia, Pau Simarro ha explicado a Europa Press que el 2 de enero de 2013 el juzgado, tras recibir el informe de Aviación Civil, volvió a dictar un auto de archivo, que ha vuelto a ser recurrido ante la Audiencia y que en la actualidad está pendiente de resolución.

El letrado ha señalado que, en caso de que vuelva a ser desestimado el recurso, se retomará la vía contencioso-administrativa para pedir responsabilidad patrimonial a la Generalitat de Cataluña y a la Generalitat Valenciana.

Los padres del fallecido también afirman en el escrito de queja que han existido "incongruencias" en los análisis realizados sobre las muestras obtenidas de los cuerpos sin vida de los fallecidos, "pues únicamente fueron realizadas pruebas a nuestros hijo, pero no al piloto, sin que fuesen solicitadas aclaraciones a los resultados analíticos por el Juzgado".

"Desde luego no puede decirse que se hayan realizado, por el juzgado instructor gestiones ni diligencias de investigación, como es su función, para intentar depurar las responsabilidades penales que pudieran haberse producido en la extinción del incendio en el que perdió la vida nuestro hijo", señalan los padres de la víctima.

Éstos recuerdan que el propio Ministerio Fiscal "manifestó su adhesión a los recursos de reforma contra el auto de archivo de enero de este año, indicando que del propio informe de Aviación Civil se deducía la posibilidad de que en la extinción del incendio hubiese habido responsabilidades distintas de la del propio piloto del avión en el que como tripulante viajaba nuestro hijo".

Los padres acaban pidiendo al presidente de la Audiencia que, más allá de la resolución del recurso presentado, llame "al orden" a la magistrada para que "tome mayor interés en el asunto y realice las tareas de investigación que le son propias, con el fin de articular y dispensar la justicia necesaria a los ciudadanos, especialmente en casos tan dolorosos como el que nos ocupa", pues -añaden- "no desearíamos tener que recurrir al trámite de recusación de la juzgadora".

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