El BNG solicita una reunión urgente con Almunia por el arbitraje de las preferentes y la comparecencia de Guindos

La eurodiputada del BNG Ana Miranda se ha dirigido al comisario de la Competencia y vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, para solicitarle una reunión "urgente" ante la finalización, el 12 de julio, del arbitraje, mientras que la parlamentaria en el Congreso Olaia Fernández Davila solicitó una diputación permanente en el Congreso para que se debata la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos.

La eurodiputada del BNG Ana Miranda se ha dirigido al comisario de la Competencia y vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, para solicitarle una reunión "urgente" ante la finalización, el 12 de julio, del arbitraje, mientras que la parlamentaria en el Congreso Olaia Fernández Davila solicitó una diputación permanente en el Congreso para que se debata la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos.

En la misiva enviada a Almunia, Ana Miranda le "transmite la enorme preocupación por los miles de afectados por la estafa de las preferentes y subordinadas" en Galicia, motivo por el que, añade, solicita una "reunión con la mayor urgencia", dado que el 12 de julio se acaba el plazo para proceder al procedimiento de arbitraje.

Así, explica que la coordinadora de plataformas de afectados por preferentes y subordinadas de Galicia le ha comunicado su "enorme preocupación" ante la situación que "va a dejar a miles de familias sin sus ahorros".

"Este robo premeditado en el que la banca ha procedido a realizar una estafa colectiva, precisa de una clarificación y una respuesta política, también por parte de la Comisión Europea", señala Miranda, quien recuerda que de las 80.000 personas afectadas en Galicia, "sólo 36.000 afectados han sido llamados o han ido al procedimiento de arbitraje", lo cual "no llega ni a la mitad".

Además, también puso en conocimiento de la comisión que en estos momentos hay 16 personas imputadas por "defender sus derechos como estafados", con posibles multas que oscilan alrededor de los 15.000 euros, entre ellas, algunos de los antiguos portavoces de las diferentes plataformas.

Existen "contradicciones"

Ana Miranda recuerda que en las sucesivas respuestas de la Comisión Europea se ha indicado que corresponde a las autoridades españolas "organizar y regular el proceso de arbitraje en caso de participaciones preferentes", pero, sin embargo, el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, afirmó que "Novagalicia quiere devolver a las personas afectadas pro las preferentes el dinero, pero existe un acuerdo de la Unión Europea que impide continuar con el procedimiento del arbitraje". Ello, señala la eurodiputada, es una "contradicción" con las respuestas dadas por la CE.

De esta manera, "ante la inminente final del plazo para que los afectados puedan ser llamados al procedimiento de arbitraje", el BNG reclama una "respuesta de clarificación y una reunión urgente" con la plataforma de afectados por preferentes y subordinadas de Galicia, para clarificar "si existe algún impedimento legal o alguna instrucción por parte del Ejecutivo que impida continuar con el proceso de arbitraje en la estafa de las preferentes y subordinadas".

Comparecencia de guindos

Por su parte, la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, solicitó una diputación permanente en el Congreso para que se debata la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, ante el inminente cierre del plazo para el arbitraje y el "escaso margen temporal ofrecido que va a impedir que más de la mitad de los estafados puedan recurrir a esta vía".

Así, Davila quiere que el titular de Economía "comparezca cuanto antes en una sesión extraordinaria para demandarle la ampliación del plazo récord que estableció para los procedimientos de arbitraje", los cuales, ha dicho, "está claro que son escasos, insuficiente y si no se amplían dejarán fuera a más del 50 por ciento de los afectados".

La diputada del BNG señala que, en el caso de las preferentes, "es injusto esta forma de proceder" porque se trata de un "robo, una gran estafa de la banca", y el Gobierno "tiene la obligación de atender adecuadamente a los afectados".

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