El Gobierno andaluz ha insistido este martes en defender la "constitucionalidad" del decreto de función social de la vivienda y ha pedido al Ejecutivo central que aclare si ya lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha aludido al hecho de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijera ayer que estaba ya recurrido el decreto, mientras que la Junta no tiene ninguna comunicación en estos momentos de que ese recurso ya esté en el Tribunal Constitucional.

"O se ha presentado el recurso y no nos lo han dicho o no se ha presentado y De Guindos se ha anticipado para ir con viento a favor a la reunión que tenía en Europa", según el portavoz del Ejecutivo, para quien buscar argumentos o razones en la UE para recurrir dicha norma resulta cuanto menos "llamativo".

Para Vázquez, parece que desde un primer momento el Gobierno tenía intención de recurrir el decreto, dejando "en evidencia" al PP-A, que se había "puesto de perfil" al optar por la abstención en la votación del decreto en la Cámara autonómica.

Ha insistido en que el decreto es constitucional, porque está amparado en varios artículos de la Carta Magna, como el 33, al tiempo que también tiene el amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional, concretamente de una sentencia del año 1987 sobre la reforma agraria.

"Buscar argumentos en Europa para recurrir una norma que es constitucional supone, como mínimo, una cesión de soberanía del Estado español ante la UE y las entidades financieras", según ha señalado Vázquez.

Asimismo, ha indicado que no se entiende que el Gobierno central se haya negado a la convocatoria de la comisión bilateral Estado-Junta para abordar este asunto. La respuesta que la Junta ha tenido del Ejecutivo nacional ha sido, según ha agregado, "primero, vamos a recurrir, y después, vamos a dialogar".

Se ha mostrado convencido de que el Gobierno de la Nación solo pretende poner freno a una norma que está dando respuesta a un problema que es real y que sufren muchas familias en Andalucía. Esa norma, en lugar de ser recurrida, a su juicio, debería ser exportable al resto del territorio español.

Respecto a las movilizaciones que ha anunciado IULV-CA, socio del PSOE-A en la Junta, en contra del recurso del Gobierno, ha manifestado que esa formación es autónoma en la toma de sus decisiones internas y que es absolutamente legítimo.