Condenan a una anciana discapacitada y sin recursos a devolver 24.000 euros de pensión

  • La justicia da la razón a la Generalitat Valenciana, que en 2011 reclamó el cobro indebido de la pensión de Nieves Pozuelo desde 2007.
  • La sentencia rebaja en 1.000 euros las exigencias de Bienestar Social, al entender que a Nieves no le correspondía la pensión desde enero de 2008.
  • El magistrado se acoge al Real Decreto 357/1991, según el cual los perceptores de una pensión están obligados a comunicar cualquier nuevo ingreso.
  • La abogada de Nieves alerta de un alud de casos idénticos por la falta de liquidez del Consell y asegura que recurrirá.

"Somos personas honradas, en la vida hemos robado a nadie, sin embargo a mí me están robando la vida, para estar así vale la pena que me peguen un tiro". Así de desesperada se ha mostrado Nieves Pozuelo tras conocer la sentencia judicial que le obliga a devolver a la Generalitat Valenciana 24.000 euros que cobró de pensión de forma indebida entre los años 2008 y 2011.

Y es que, según la sentencia, a la que ha tenido acceso 20 minutos, queda demostrado que la afectada cobró en ese plazo una pensión por invalidez no contributiva de 347 euros que era incompatible con la que le concedieron a su marido en 2007 al superar el mínimo legal establecido.

El fallo, además, se remite al Real Decreto 357/1991 que, según reza, "los perceptores de pensiones, vendrá obligados a comunicar, en el plazo máximo de 30 días, cualquier variación de su situación de recursos económicos propios". Un artículo, que según la letrada de Nieves, "todo el mundo desconoce".

El juez, sin embargo, rebaja en 1.000 euros la cantidad de 25.000 euros reclamada por Bienestar Social desde el principio, ya que entiende que es a partir de enero de 2008 y no desde octubre de 2007 cuando se empieza a producirse el cobro indebido.

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría en la pareja. Según Nieves, es una injusticia: "Si la administración no paga sus deudas no pasa nada, y nosotros por una cosa involuntaria que debían haberse dado cuenta ellos nos van a arruinar la vida", explica entre lágrimas.

Precisamente, su abogada va a presentar un recurso de suplicación alegando que la adminsistración tiene mecanismos de sobra para haber detectado este cobro indebido mucho antes. Además, ha alertado de que hay muchísimos casos idénticos al de Nieves por la falta de liquidez del Consell.

El origen del problema

Pero, ¿cuál es el origen del problema? Según ha explicado Nieves, en el año 2002 le concedieron una pensión por invalidez de 347 euros: "Tengo reconocida una minusvalía del 67% porque padezco fibromialgia".

Todo iba bien hasta que, en el año 2007, le concedieron a su marido, Bernabé Coleto, otra pensión por invalidez por la que cobra 624 euros. Sin embargo, según Bienestar Social ambas son incompatibles y, en el momento en el que su marido empezó a cobrarla, ni desde la administración le retiraron a Nieves su prestación ni ella sabía que la estaba cobrando de forma indebida.

Solo se enteró del problema cuando, en 2011, le reclamaron 18.000 euros correspondientes a lo ingresado entre 2007 y 2011 más 7.000 euros de intereses de demora. Además, pretenden embargarle el 50% del piso.

Una situación que la ha sumido tanto a ella como a su marido en un terrible estado de incertidumbre y depresión: "Comemos gracias a la ayuda de la iglesia y entidades benéficas y no sabemos qué va a ser de nosotros", afirma Nieves desolada.

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