La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal exige una "solución de futuro" para el sector naval

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) reclama a todos los agentes implicados "un esfuerzo" no solo para evitar la devolución de los 'tax lease', sino también para "definir e implementar políticas de todo tipo" que garanticen una "solución de futuro" para el sector.
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EUROPA PRESS
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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) reclama a todos los agentes implicados "un esfuerzo" no solo para evitar la devolución de los 'tax lease', sino también para "definir e implementar políticas de todo tipo" que garanticen una "solución de futuro" para el sector.

Esta solución pasa por definir alternativas "a medio y largo plazo" que contemplen actuaciones "sobre todo en el terreno fiscal y financiero" y que conviertan en "atractiva" la inversión en el sector, asegura en un comunicado.

La organización empresarial, en la que se agrupa la mayor parte de los astilleros y la industria auxiliar del sector, apoya la iniciativa conjunta de empresas, sindicatos, autonomías y el propio Gobierno para reclamar a la Comisión Europea la no devolución de las bonificaciones.

La industria auxiliar del sector, recuerda, cuenta en España con unas 400 empresas, localizadas, especialmente, en Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco y Valencia.

Estas empresas, centradas en la construcción de barcos y embarcaciones de recreo y en la reparación y el mantenimiento naval, trabajan sobre todo para los 19 astilleros del país y conjuntamente dan empleo a más de 80.000 personas.

Confemetal considera que la devolución de los 'tax lease' supondría un "agravio comparativo respecto a otros Estados europeos" que, en el mismo sector, "han disfrutado de sistemas similares para facilitar la financiación de su actividad y fueron eximidos de la devolución por aplicación de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica".

Estos principios son los que ahora evoca España, cuyas empresas actuaron "bajo una normativa plenamente vigente, siempre aprobada por la administración y aceptada en su momento por la Comisaría de la Competencia", señala.

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