Hacienda obtiene a un precio "francamente reducido" el dinero para el segundo abono a proveedores de entidades locales

El secretario de Estado y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que se ha obtenido en los mercados "a un precio francamente reducido" los 1.200 millones necesarios para el abono de la segunda parte del actual plan de pago a proveedores, dedicado a saldar determinadas deudas de ayuntamientos y mancomunidades acogidos ya al primer plan del año pasado.

El secretario de Estado y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que se ha obtenido en los mercados "a un precio francamente reducido" los 1.200 millones necesarios para el abono de la segunda parte del actual plan de pago a proveedores, dedicado a saldar determinadas deudas de ayuntamientos y mancomunidades acogidos ya al primer plan del año pasado.

En declaraciones en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, Beteta ha explicado que se ha pagado obtenido esa financiación al precio de Tesoro más 80 puntos básicos, lo que ha calificado de coste bajo. Las facturas pendientes se pagarán así antes de que concluya este mes, ha dicho.

Se trata de la segunda parte del plan aprobado en febrero para saldar deudas con proveedores de mancomunidades y municipios acogidos al primer plan de pago a proveedores, pero que aún tuvieran deudas en concesiones administrativas, encomiendas de gestión, convenios, contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos de colaboración público-privada, así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.

También se pudieron sumar a este plan municipios y mancomunidades del País Vasco y Navarra, excluidos del primer plan por el régimen foral de sus comunidades. El conjunto del plan ha tenido una dotación de 2.600 millones de euros.

Contra la morosidad

Beteta ha reiterado el interés del Gobierno por terminar con la morosidad de las administraciones públicas. Se va a reformar la Ley de Estabilidad "para que tenga la misma protección constitucional que el déficit público o la deuda pública" y que no pagar las facturas en los 30 días de periodo medio de pago tenga consecuencias.

El secretario de Estado ha subrayado que las medidas que se van tomando suponen "un auténtico cambio cultural" para terminar con "retrasos endémicos de muchas administraciones públicas". "Ahora será imposible, porque serán sujetos de las actuaciones que la ley indica, entre otras, que sea el Estado quien pague directamente la factura del proveedor y se reste de la participación en los ingresos del Estado", ha expuesto.

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