La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apelado hoy a la "responsabilidad" de los sindicatos y las organizaciones patronales para cerrar los convenios colectivos que no han sido renovados y pierden este lunes la ultraactividad.

A su juicio, ha de ser en el ámbito de la negociación de las partes donde se encuentren soluciones y, para ello, ha llamado a sindicatos y empresarios a hacer un esfuerzo y "redoblar" la negociación.

De todas maneras, ha recordado que los trabajadores que se queden este lunes sin convenio en ningún caso estarán "desprotegidos", porque les amparan convenios de ámbito superior.

En la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en miles de convenios colectivos, lo que ha motivado que CC OO y UGT incluso hayan hecho una llamada al Gobierno para que "replantee" el límite de la 'ultraactividad' y le responsabilicen de la conflictividad que pueda brotar a partir del 8 de julio, en continuación de las huelgas ya convocadas en lugares como Cataluña o País Vasco.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que "de ninguna manera" teme una oleada de conflictividad a partir de esa fecha y ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando "muchísimos convenios".

Además, según los datos que maneja la patronal alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral cuentan con algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la 'ultraactividad', lo que demuestra que la negociación colectiva sigue su curso y "no tiene ninguna problemática". No obstante, el 30% restante no cuenta con un compromiso de mantenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores pasado ese año.

A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales admiten que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la reforma laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

Con todo, los sindicatos han indicado que el 8 de julio "no es el final de nada", sino "un punto y seguido". Según han explicado, en primer lugar, en el caso de que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya recurrido a una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio.

Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos han avisado de que interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen decaer los convenios.

Las centrales no quieren desvelar cual será su estrategia jurídica, pero aseguran que tienen argumentos sólidos para poder seguir negociando sin que ningún trabajador pierda sus derechos.

En primer lugar, aseguran que la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los trabajadores sólo podrá interpretarse como "mala fe", mientras que además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos contractualizados a título individual.