El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha sido citado a declarar este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la ocupación de la finca Las Turquillas, en Osuna (Sevilla).

Así, cabe recordar que el pasado viernes el Alto Tribunal andaluz ordenó su detención inmediata al ser la tercera vez que no se presentaba a la comparecencia judicial por estos hechos, si bien esa detención no se ha producido por el momento.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA tomó esta decisión al ser la segunda vez que Cañamero no acudía a la citación del Alto Tribunal, sin que justificara los motivos de su incomparecencia, aunque tampoco acudió a la primera citación que recibió por esta causa de un Juzgado de Osuna.

Cañamero señaló el pasado viernes que no se había presentado a declarar como protesta por la "represión" que se está desarrollando contra el SAT, que "ha sido multado con unos 80.000 euros desde el pasado verano".

En la causa abierta por la ocupación de la finca Las Turquillas, donde se encuentra la Yeguada Militar del Ejército, están imputados medio centenar de simpatizantes y militantes del SAT, entre ellos el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.

El TSJA, que cifra los daños causados en la finca en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos, atribuye a los imputados los posibles delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto.

Fue el 23 de julio de 2012 cuando el SAT decidió ocupar Las Turquillas, una finca de titularidad estatal de 1.200 hectáreas, y sobre las 10,00 horas del día siguiente se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.

El 7 de agosto el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo, lo que fue notificado personalmente a los imputados por un capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.