Identifican los lotes de pimiento andaluz que contenían plaguicida ilegal

La Junta de Andalucía ha identificado las explotaciones de las que procedían las nueve partidas de pimiento con pesticida ilegal, sobre las que el Ministerio de Sanidad, a petición del Gobierno alemán, demandó información para verificar la presencia de Irofem Fosmetil y retirarlas del mercado.

La medida la hizo pública este jueves la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, después de que las autoridades alemanas informaran de que los análisis que detectaron residuos del citado pesticida no autorizado en nueve muestras, procedentes de partidas de más de cuatro mil kilos de pimientos.

Salgado, que hizo hincapié en que la cantidades de fitosanitario detectadas no suponen un riesgo para la salud, añadió que este descubrimiento no ha supuesto la paralización del comercio de pimiento almeriense, que exporta dos mil partidas diarias.

La petición de información de las autoridades alemanas provocó que el Gobierno notificase de forma oficial a las consejerías andaluzas de Salud y Agricultura la necesidad de identificar la procedencia de los lotes de pimiento afectados y las posibles sanciones que se interpondrían a los agricultores implicados.

El consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, ha asegurado en Huelva que la Junta adoptará medidas "contundentes" de confirmarse la procedencia de fitosanitarios ilegales.

Por la tarde, las delegaciones provinciales de Salud y Agricultura en Almería aseguraron que los técnicos de la Junta lograron identificar los diez invernaderos de los que provenían las partidas de pimientos.

Estas explotaciones, cuya ubicación no fue revelada, serán objeto de análisis e inspección a partir de este viernes.

Sanciones de hasta 120.000 euros

Si los resultados de los análisis de los cultivos confirman el uso de Irofem Fosmetil, la Junta de Andalucía decretará durante un mes el precinto de estas explotaciones, además de imponer a sus propietarios sanciones que podrían alcanzar los 120.000 euros.

Asimismo, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía analizarán en los próximos días si la comercialización del producto por parte de estos diez agricultores podría ser constitutiva de un presunto delito contra la Salud Pública.