Perseguida por la polémica y las criticas de la oposición y las ONG, la central de Santa María de Garoña (Burgos), uno de los ocho reactores que operan en el país, deberá cerrar este sábado tras 42 años de actividad, tal y como contempla una orden del Ministerio de Industria y Energía.

No obstante, Industria iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad "si así fuera posible", anunció el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad", el Ministerio de Industria procederá a dichas modificaciones normativas, explicó la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En la Orden Ministerial de cierre se deja claro que la actividad deber cesar el día 6 de julio, "aún cuando no existan razones de seguridad nuclear y protección radiológica que lo exijan, y la empresa titular de la instalación haya invocado razones económicas para no solicitar la renovación de la autorización de explotación".

Ante esta orden, el PSOE ha recordado al Gobierno que "Garoña pasa a estar bajo el control del Consejo de Seguridad Nuclear" y le insta a "abandonar la actitud de mangoneo" sobre este organismo.

El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha advertido en nota de prensa de que su partido "no tolerará ninguna intromisión en unas funciones que han de estar presididas por la defensa del interés general, máxime en una materia tan sensible como la seguridad nuclear".

La empresa propietaria de la planta, Nuclenor, que forman Endesa e Iberdrola, asegura que conservará la plantilla de trabajadores y se mantendrá lista para volver a operar.

De hecho, en las últimas horas, Nuclenor ha emitido un comunicado en el que reitera que la declaración de cese llega como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, cuya aplicación supone un aumento de los costes de la planta en más de un 30%.

Nuclenor recuerda que los indicadores de Garoña en los últimos cuatro años sitúan a la planta entre las mejores centrales nucleares del mundo de su tecnología, con un 94,78% de disponibilidad en 2012 y entre un 90 y 95% de factor de operación medio en la última década.

También señala que Garoña ha recibido evaluaciones positivas en cuanto a seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear español, pero también se ha sometido con éxito a seis evaluaciones de organizaciones internacionales en los últimos años.

Como garantía de su voluntad de mantener la central en condiciones óptimas de operación, Nuclenor ha recordado que en 2012 invirtió en la instalación más de siete millones de euros en proyectos exclusivamente destinados a la continuidad.

También entre los años 2009 y 2012, a pesar de tener un horizonte incierto, Nuclenor realizó inversiones por más de 50 millones de euros e incorporó a su plantilla a 25 nuevos profesionales.

Sin embargo, la planta, que es la más antigua de España y comenzó a funcionar en 1971, lleva parada y desenganchada de la red eléctrica desde diciembre de 2012 para evitar el pago de la nueva tasa sobre combustible irradiado, que supondría unos 153 millones de euros y haría la planta "inviable económicamente", según Nuclenor.

Por su parte, Greenpeace ha considerado que modificar las normas para permitir la reapertura de Garoña "es delictivo" y ha animado a reivindicar este domingo su cierre total en la XXIV Marcha contra la central nuclear de Garoña, que en los carteles de la convocatoria figura como "la última marcha contra Garoña", aunque fuentes de la Coordinadora Antinuclear ya apuntan que es probable que haya más ediciones.

A juicio de Greenpeace, la orden está basada en "motivos económicos y no de seguridad" para favorecer los intereses de la compañía energética por encima de la seguridad de la ciudadanía, puesto que ha obviado todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear.

También Carlos Bravo, portavoz de Salvia, considera que hay un intento por parte del Gobierno de manipular la normativa para "servir a intereses particulares", en el marco de un proceso que ha calificado de "surrealista".

Bravo ha criticado además los cambios normativos que pretende el Gobierno, y considera que "tiene visos de ilegalidad", ya que lo que el Ejecutivo pretende es aplicar retroactivamente una ley que todavía no está aprobada para permitir que Garoña no tenga que pedir una nueva licencia para reabrir, y simplemente una prórroga, lo que conllevaría menores exigencias.

La planta está "cerrada de hecho", según afirma el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, que recuerda que cumplir los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear para que Garoña volviera a producir energía supondría no menos de 140 millones de euros de inversión.

El portavoz estatal de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que la "razón real" que lleva a Nuclenor a no querer que Garoña vuelva a operar es que es una "central obsoleta" y ni siquiera con las inversiones a que obliga el Consejo de Seguridad Nuclear hay garantías de que no aparezcan nuevos problemas que obliguen a mayores inversiones o a un cierre definitivo.

Mientras, el alcalde del Valle de Tobalina, donde está Garoña, Rafael González, asegura que los vecinos, igual que los trabajadores de la central, quieren que se aclare qué va a ocurrir finalmente con la nuclear.

En todo caso, pide que, "pase lo que pase", se realicen inversiones en la zona para que haya una alternativa económica, porque "de la planta dependen empleos directos, pero también negocios de los pueblos del entorno y parte de los impuestos municipales".