Actualmente, 39.099 personas residentes en Madrid carecen de tarjeta sanitaria y, por tanto, de asistencia gratuita. Este es el número de extranjeros sin permiso de residencia que han quedado fuera del sistema público de salud en la región, según datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, en respuesta a una petición de información realizada por el grupo de UPyD en la Asamblea.

En el escrito oficial, el Ejecutivo regional especifica que estas personas están "en situación de TIR (Transeúnte sin Permiso de Residencia), es decir, sin derecho a la asistencia sanitaria y a la emisión de tarjeta sanitaria individual". La retirada de las prestaciones a los inmigrantes, como recuerda la Comunidad en el mismo documento, se realiza en cumplimiento del real decreto ley 16/2012 de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". Este decreto, aprobado el año pasado a instancias del Ministerio de Sanidad, acotó la universalidad de la sanidad (al sacar de las prestaciones a los sin papeles) y su gratuidad (al ampliar el coste de los medicamentos y prestaciones).

Las personas excluidas del sistema deben pagar por acudir a la consulta del médico en el centro de salud y por los medicamentos que necesite para su curación. Sin embargo, no se les factura "en el supuesto de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica". Por su parte, dentro del colectivo de inmigrantes, sí se atiende gratuitamente a los menores de edad, a las embarazadas, a las víctima de trata de blancas y a los asilados.

El Gobierno central (como impulsor del decreto) y la Comunidad de Madrid (como administración ejecutora de la medida) justifican la retirada de la tarjeta a los inmigrantes como una medida de ahorro y de "sostenibilidad" del sistema público de salud. Sin embargo, los expertos sanitarios, las entidades sociales y los partidos de la oposición en Madrid lo consideran injustificado, tanto desde el punto de vista económico como desde el social.

"Negar la asistencia sanitaria normalizada a 40.000 personas supone generar un coste social que no se justifica por el supuesto ahorro económico que generaría; un ahorro que no es relevante", asegura Enrique Normand, portavoz de Sanidad en UPyD. Además, "éticamente estas personas tienen derecho a la asistencia como el resto de personas que viven en este país", añade Normand.

Para las ONG que asesoran a extranjeros sin papeles, "la retirada de la asistencia universal es un error en términos de salud pública, es absurdo desde el punto de vista económico e inhumano desde el punto de vista ético", denuncia Marta Pérez, de la asociación Yo Sí Sanidad Universal. Esta entidad ofrece ayuda a las personas que no tienen asistencia, les acompaña al médico cuando se ponen enfermos y animan a los profesionales sanitarios a "que desobedezcan una ley injusta e inhumana". La Asociación Sin Papeles Madrid también considera alarmante el elevado número de personas que han quedado fuera del sistema sanitario.

Mustafá Diop, 31 años: "Llegué sangrando y tuve que insistir para que me atendieran"

Mustafá lleva ocho años en España y la mayor parte de este tiempo lo ha pasado sin permiso de residencia. Hasta hace un año no tenía problemas para que le atendieran ante cualquier enfermedad. "Pero ahora se niegan a atenderme en el centro de salud. Hace unas semanas tuve un accidente y me rompí una mano; llegué a un centro de salud sangrando y me dijeron que no podían hacer nada por mí y que allí no me podría ver ningún médico. Al final insistí hasta que salió una trabajadora del centro y se portó bien conmigo, me curó la mano, vio que la tenía rota y me mandó al hospital", asegura Mustafá. Allí le operaron de urgencia y le pusieron una escayola: "En el hosptial no me cobraron. Pero cuando salí me tenía que tomar medicamentos para el dolor y me los tengo que pagar o pedir a las personas que me ayudan [de la ONG Yo Sí Sanidad Universal] que los compren por mí".