El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado este martes que el Ejecutivo autonómico mantiene, ante todo, "prudencia" ante el nuevo auto de la juez que instruye el caso de irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, quien ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez; el actual viceconsejero de Presidencia e Igualdad, Antonio Lozano, y el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez no ha querido valorar el auto por "desconocer" en ese momento la totalidad del mismo así como sus argumentos judiciales pero sí ha apelado al "respeto a la presunción de inocencia" de quienes son o "han sido servidores públicos" y que han realizado "una buena gestión defendiendo hasta el último céntimo de dinero público".

Además, el portavoz del Gobierno andaluz ha querido aclarar que la de imputado es una "figura judicial" para que la persona llamada a declarar "vaya acompañada por un letrado, simple y llanamente". Es decir, que "imputado no significa ni acusado, ni procesado ni condenado".

Ha manifestado que la Junta realizará una valoración en más profundidad cuando haya estudiado el auto y conozca los razonamientos jurídicos que plantea la juez. "No es el momento de hacer valoraciones precipitadas, sino de la prudencia y la cautela", según Vázquez, quien ha precisado que el Ejecutivo andaluz siempre ha mantenido respeto a la instrucción judicial y ha colaborado con la investigación.

"Esperemos los acontecimientos, no nos precipitemos, apelemos a la cautela y la prudencia y, sobre todo, respetemos el principio constitucional de la presunción de inocencia", ha recalcado Miguel Ángel Vázquez.

Competencias sobre ayudas sociolaborales

De otro lado, preguntado sobre si la Junta de Andalucía tiene competencias para pagar los ERE, ha explicado que ahí hay un debate jurídico importante y que la Junta entiende que a un juzgado de instrucción no le corresponde dilucidar o no si una comunidad autónoma es competente a la hora de articular ayudas sociolaborales.

Vázquez se ha referido al hecho de que Alaya, en un nuevo auto que se conoció ayer, amplíe hasta 1999 la investigación sobre las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía y pida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre si las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE que fueron establecidas por la Junta "están o no incluidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado".

El portavoz del Gobierno andaluz ha agregado que en el artículo 161.1, apartado c, de la Constitución, se establece que el Tribunal Constitucional es el competente a la hora de dirimir conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y entre estas. "No parece que sea el camino adecuado para dilucidar si existe esa competencia que se consulte a un alto funcionario del Ministerio de Empleo", según ha señalado el portavoz.

Asimismo, ha aludido a que en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía regulas las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección público, con lo que se trata de una competencia recogida en el texto estatutario. Ha insistido en que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como del Consejo de estado avalan la competencia de las comunidades autónomas en esta materia.

Para el portavoz del Gobierno, resulta llamativo que la administración "afectada por esta invasión de competencias no haya recurrido nunca" y que incluso haya firmado convenios de colaboración con Andalucía y con otras comunidades para acometer de manera coordinada la ayuda asistencia y sociolaboral a empresas que están en situaciones de crisis.

Ha indicado que la Junta entiende que es una petición de información de la juez que instruye el caso que no conduce a la fuente correcta, porque no debe ser el Ministerio de Empleo, y ha insistido en la tradición y la propia legislación dan la razón a la Junta de Andalucía.