Los representantes de la CIG en la comisión de investigación de las cajas, Suso Seixo y Clodomiro Montero, han insistido en la línea en la que lo hicieron las demás organizaciones sindicales al respecto de la política laboral con los empleados, que en el caso de la central nacionalista ha sido calificada de "acoso laboral organizado" para vender productos como participaciones preferentes.

Además, en su exposición, el representante de CIG Banca ha dicho que les obligaron a vender todo tipo de productos como cámaras de vídeo, máquinas de masajes o deshumidificadores, en una política en la que se enviaban varias circulares internas al día para controlar la evolución de las ventas de los empleados, como también han destacado otros sindicalistas.

Clodomiro Montero aseguró que la CIG, que desde 2005 votó en contra de la gestión de las cajas y que "fue la única que votó en contra de la fusión" pese a que en un principio la apoyó, dio la "alarma a nivel político" en 2008 por la venta de cuotas participativas. Así, miembros de este sindicato se reunieron con la Xunta de entonces para alertar de este problema, pese a que fueron calificados de "traidores".

"Pensamos que de algo sirvió porque no se llegaron a emitir. Pudimos salvar una estafa mayor (que la de las preferentes)", ha manifestado, al explicar que el valor de estas cuotas es "cero".

Asimismo, indicó que ya en 2007, la CIG "denunció la política comercial de acoso laboral de Caixa Galicia", entidad en la que centró su intervención dado que es en la que más representación tenía (fue mayoritaria), frente a la baja implantación en la caja del sur (no superaba el 10 por ciento).

"No estamos ante casos aislados, que puedan ser achacados a personas, era necesaria una estructura que sólo tenía a su disposición la dirección", ha denunciado, aportando un email (que fue entregado a los diputados) del máximo responsable comercial de entonces, Julio Rivero, en el que "se ordena colocar preferentes, incluso en el mercado secundario para la renovación de depósitos a plazo fijo".

Las actas no incluyeron su intervención en contra

Al respecto de sus posicionamientos en contra de la gestión, desveló que en las asambleas de la entidad "no había votaciones ni debate", y que se consideraba que "todos los que se acreditaban" apoyan los documentos, de forma que si querías manifestar el no, era obligatorio "identificarse".

En este sentido, ha asegurado que tras una "intervención pública" en la que manifestaron el voto negativo, en las actas entregadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "no aparecían los votos negativos" ni la "intervención en contra".

Clodomiro Montero explicó que los directivos de las cajas les transmitieron que "no era viable seguir por separado" y destacó que la CIG apostó por la fusión, pero votó en contra por cómo se iba a llevar a cabo esta integración, y por la "intención de privatizar".

La CIG ha denunciado la "opacidad" de los contratos de la alta dirección, al respecto de lo que ha reprochado a PP y PSOE que "se hubiesen opuesto a que hubiese mecanismos de transparencia" en la nueva ley de cajas que se tramitó a principios de la legislatura pasada.

Clodomiro Montero también aportó parte de un acta en poder del consejo de administración de Caixa Galicia de octubre de 2010, en la que se aprobaron una serie de modificaciones de condiciones laborales y salariales a una parte concreta de la plantilla.

Así, explicó, que un mes antes de que la Comisión Europea aprobase una normativa para poner límites a la parte variable de los salarios de los actos directivos de las entidades bancarias, el consejo de octubre "llevó la consolidación del variable como fijo, incrementando el salario para futuras indemnizaciones" y "se pactaron prejubilaciones sin especificar cuantías".

Toda la documentación aportada por la CIG fue elevada en su día a la Fiscalía y, fruto de ella, están siendo investigadas las indemnizaciones a los exdirectivos de las cajas, en las que están imputados, entre otros, el exdirector general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, y el exdirector general, José Luis Pego.

Defensa banca pública

Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, ha instado a los grupos parlamentarios a que en el documento que salga de esta comisión haya una demanda al Gobierno español para que "no venda" Novagalicia Banco (algo para lo que el FROB ha dado este lunes un nuevo paso).

Asimismo, ha remarcado que "este país no tiene salida de la crisis si no cuenta con una entidad potente que apoye al sector productivo", por lo que ha demandado que se aproveche que el 100 por cien del capital de Novagalicia es público para convertirlo en una banca pública.

Suso Seixo ha demandado, asimismo, una normativa de "mayor protección para la clientela", puesto que ha advertido de que "después de todos los escándalos de las antiguas cajas, no hubo modificación en las políticas comerciales".