La Cámara de Comercio ha pedido a la Comisión Europea que acepte los argumentos jurídicos y socioeconómicos de los astilleros afectados por la devolución de las ayudas concedidas bajo el sistema de "tax lease" y ha considerado al Estado español "responsable político de las ayudas".

En un comunicado, la Cámara bilbaína ha considerado que el sector "ha actuado en todo momento de buena fe, con una confianza legítima en la legalidad de una normativa establecida por el Gobierno español, muy similar a la vigente en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea".

Por tanto, ha advertido de que "no debe hacérsele responsable de ningún incumplimiento, ni exigirle la devolución de unas ayudas por infringir la normativa europea".

Según ha subrayado, "la inseguridad jurídica que generaría una decisión contraria tendría consecuencias irreparables para el sector marítimo y sus empresas auxiliares".

"En un momento de crisis como el actual, nada peor que generar más incertidumbre a los armadores e inversores dispuestos a financiar proyectos en el sector de la construcción naval, un sector netamente exportador que incorpora elementos de alto valor tecnológico de nuestra industria y con una calidad contrastada.

"marco fiscal estable"

Por ello, la Cámara de Comercio de Bilbao ha pedido "un marco fiscal estable, así como nuevas fuentes de financiación que proporcionen la estabilidad necesaria para mantener la actividad empresarial naval y hacer frente a la competencia asiática".

Además, ha exigido a los responsables europeos, y al comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que "entren en razón y el próximo 17 de julio declaren que las ayudas, como en su día hicieron con Francia, son compatibles y no distorsionan el mercado".