Los titulares de bonos convertibles emitidos por Pescanova están convocados a una asamblea de bonistas en la que serán informados sobre la actual situación concursal de la compañía y de las emisiones.

La celebración de la asamblea se ha fijado para el próximo 1 de agosto, o bien para el 10 de septiembre en el caso de que no pudiera tener lugar en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum establecido.

La junta ha sido convocada por BNP Paribas Securities Services en su condición de comisario del sindicato de bonistas. A ella están llamados los titulares de bonos de tres emisiones realizadas por Pescanova en los últimos años que suman un total de 450 millones de euros.

En concreto, se trata de una emisión de bonos convertibles lanzada en 2010 por importe de 110 millones de euros, a un tipo del 6,75% y con vencimiento a 2015, de la lanzada en 2011 por 180 millones, al 5,125% y con plazo de amortización en 2017, y de la suscrita en 2012 por 160 millones a un tipo del 8,75% y con vencimiento en 2019.

En la asamblea se informará a los titulares de estos títulos sobre la situación actual de Pescanova y sobre el estado del procedimiento del concurso de acreedores en que está inmersa la empresa de alimentación, según consta en el orden del día que publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Vencimiento anticipado.

Asimismo, se detallará a los bonistas sobre la comunicación que se ha realizado sobre el crédito al administrador concursal de Pescanova, se analizará "la situación de incumplimiento o 'default' de la emisión" y se someterá a aprobación la declaración de vencimiento anticipado de los bonos "al amparo de una de las cláusulas de los términos y condiciones de la emisión".

Además, se sopesarán "opciones jurídicas relativas a las posibles vías de reclamación en defensa de los intereses de los bonistas, sometiendo, en su caso, a la aprobación de la asamblea las propuestas y actuaciones necesarias".

Por último, se facultará al comisario de las emisiones para que "contrate los servicios de expertos, peritos o asesores financieros, legales, procuradores, contables, auditores o de otros profesiones que estime convenientes para la mejor defensa de los intereses de los bonistas".