Los cuatro acusados de integrar la organización Resistencia Galega se han declarado este jueves inocentes de todos los cargos que les imputa la Fiscalía y han denunciado la vulneración del derecho fundamental a la defensa, en la última palabra del juicio que ha quedado visto para sentencia y que se ha seguido contra ellos en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía solicita para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega una pena de 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una de 12 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.

En su alegato final, el abogado defensor de Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez también ha denunciado la "violación de derechos fundamentales" a lo lardo del plenario y, entre ellos, el derecho a la defensa de sus clientes, al entender que se ha vulnerado el "principio de contradicción, el derecho a un juicio justo e imparcial", así como la igualdad de armas.

En este sentido, ha dicho que a lo largo del proceso no a podido hacer "ni una sola pregunta" a los peritos de inteligencia propuestos por la defensa y ha agregado que "ninguna cuestión se pudo plantear" a varios de los peritos del fiscal, por lo que ha solicitado que sus informes no sean tenidos en cuenta.

En relación con las pruebas relacionadas con la Operación Castiñeira aportadas por el fiscal Marcelo de Azcárraga, la defensa de Eduardo Vigo y de Roberto Rodríguez ha planteado: "¿A qué viene ahora que se nos diga que en 2005 se incautaron 30.000 no sé qué pruebas y ahora se presenten aquí? ¿Cómo prueba de qué? Aquello ya fue investigado y se llegó a las conclusiones que se llegaron".

Asimismo, ha indicado que en el proceso "se ha citado a personas" que, según las propias Fuerzas de Seguridad, "viven en la legalidad" y están "localizables" y, sin embargo, "no han sido traídas ni como testigos ni como nada".

El fiscal no ha aclarado "nada"

Por otra parte, ha defendido que "nada ha aclarado el fiscal" respecto de "qué pueden hacer o qué función pueden tener" Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez dentro de Resistencia Galega y ha dicho que los carnets falsos hallados en el domicilio de Rodríguez, así como la "huella de una persona clandestina" son indicios probatorios "endebles".

Sobre el delito de falsificación de documento oficial con finalidad terrorista que la Fiscalía atribuye a sus defendidos, el letrado ha indicado que "no se ha practicado prueba de que hicieran algo" y que "ni existe prueba lofoscópica ni ADN". Así, ha destacado que "para qué quería Roberto documentación falsa, si iba todos los días a trabajar con la suya y fue cogido con su propia documentación" y ha recalcado que Eduardo Vigo, en el momento de la detención, iba con su "documentación y su coche normal".

Respecto de la tenencia de aparatos explosivos con finalidad terrorista, ha puesto sobre la mesa que varios funcionarios de Policía que participaron en las labores de vigilancia de Vigo y Rodríguez reconocieron en el juicio no haber visto el intercambio de mochilas y ha ironizado diciendo que "Roberto, con las grandes medidas de seguridad que tomaba, cogió la bici y le entregó la bolsa a Eduardo".

Además, ha indicado que los peritos sostuvieron que la bolsa iba "cerrada" y que Eduardo "no pudo saber" qué contenía. "No se ha practicado prueba que demuestre que Eduardo sabía del contenido de la mochila", ha insistido. Igualmente, ha esgrimido que la detención de Osorio y Santos se produjo dos días después del arresto de los otros dos acusados porque "nadie" conocía el contenido de las bolsas encontradas en el domicilio de Roberto Rodríguez.

El letrado también se ha referido a las palabras del fiscal, en las que aseguraba que no se trata de "una causa general contra el independentismo" y ha señalado que "sí se han recogido una serie de indicios probatorios" para sostener algo que, a su juicio, "no existe". "En las causas generales se procede así", ha enfatizado.

En esta línea, ha afirmado que no entiende que el fiscal hable de "terrorismo de baja capacidad" para justificar "algo que no se puede probar, porque este concepto "no existe en la jurisprudencia". Así, ha recalcado que "si llegamos a asumir que no importan los medios y sólo el fin", en un futuro habrá "gente juzgándose del PNV, de CiU o de cualquier otro partido" y que habrá que "suprimir las Fallas en Valencia". "Nosotros sí que pensamos que los medios tienen que ser idóneos", ha concluido.

Detenidos en 2011

El 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Domínguez, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente. Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional en el peaje de la autovía AP-9.

A los otros dos acusados, Santos Pérez y Osorio López, se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización Asamblea da Mocidade Independentista (AMI).