Agentes de la Policía Nacional han denunciado a 19 personas por simulación de delito durante los últimos seis meses. En la mayoría de las ocasiones tenían como objetivo generar un documento administrativo que sirviera de base para la reclamación fraudulenta ante compañías de seguros.

De este modo, se ha comprobado la falsedad de denuncias tales como un robo con violencia e intimidación al salir de un banco con una cantidad de dinero para cobrar la cantidad del seguro, la simulación un robo violento con lesiones incluidas para camuflar ante la pareja gastos de la tarjeta de crédito en un club de alterne, o el falso robo con fuerza en las oficinas de una gestoría con daños en el mobiliario para tratar de obtener una compensación económica de la compañía aseguradora.

En otra ocasión se denunció un robo de maquinaria de obra que previamente se había alquilado y después vendido en una tienda de segunda mano. Los casos más habituales, sin embargo, siguen siendo las falsas denuncias de robo de teléfonos móviles para cobrar la prima contratada con compañías aseguradoras.

La simulación de delitos está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a 12 meses, junto con la generación de antecedentes penales.

En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción esta también delictiva, si bien en este segundo acto la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.

La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos. Otras veces la denuncia responde a motivos como la venganza o la elusión de algunas obligaciones.

Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una importante distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar.

Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos. Es por este motivo por lo que se considera que estas actuaciones atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad ponen a disposición de los ciudadanos.

La operación ha sido realizada por agentes de las Comisarías de Distrito del Carmen y San Andrés de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.