La coordinadora de la Comisión de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Dolores Sánchez, ha afirmado este miércoles que en su formación defienden "las políticas sociales con hechos y no con titulares al viento como hacen PSOE e IU" y ha reprochado al bipartito andaluz de PSOE e IU que "abanderan las políticas sociales cuando les interesa políticamente y cuando hay que pagar estas políticas miran para otro lado y olvidan sus propios convenios y compromisos", destacando que deben 18,9 millones de euros a las administraciones cordobesas gobernadas por el PP.

En una nota, Sánchez ha recordado que tanto en el artículo 148 de la Constitución Española como el artículo 61 del Estatuto de Autonomía Andaluz, se establece que las competencias sobre las políticas sociales corresponde a la Junta de Andalucía. "Están sometiendo a los andaluces a un auténtico abuso en materia de política social", ha lamentado.

En concreto, se ha referido a la citada deuda de 18,9 millones de euros que la Junta de Andalucía mantiene con la Diputación y los municipios de la provincia gobernados por el PP de Córdoba entre los que se encuentra la capital. "Se dedican a culpar al Gobierno de España de sus propios incumplimientos y a echar balones fuera, antes que dar la cara y asumir su responsabilidad", según la popular, quien recrimina que "si el Gobierno andaluz no cumple y paga las deudas contraídas con los ayuntamientos, éstos se van a ver abocados a una situación extremadamente difícil, sin saber cuánto tiempo podrán resistir".

Dolores Sánchez ha reprochado a la Junta de Andalucía que "lo único que busque con sus políticas sociales sean titulares de prensa ya que "es lo único que hemos visto hasta ahora". Ha citado el nuevo Decreto-ley contra la exclusión social, financiado con el dinero del Patrica, y que ha supuesto la pérdida de 5,8 millones de euros a los cordobeses. "Es un auténtico robo a los ayuntamientos ya que han utilizado el dinero de la participación en los tributos de la Comunidad cambiándolo de nombre y reduciendo su partida".

Sánchez ha criticado las múltiples facturas impagadas a pymes que prestan servicios complementarios tan en centros públicos como concertados a los comedores escolares, aulas matinales, actividades extraescolares o el acompañamiento de monitores. "Muchos de ellos están a punto de dejar de prestar estos servicios ante los impagos de la Junta, por lo que ven con escepticismo que ahora vendan que tienen bajo la manga dinero suficiente para dar tres comidas diarias a los niños de las Zonas de Transformación Social", a lo que añade el salario social, "que mantiene a 15.000 familias andaluzas a la espera del cobro desde hace más de cinco meses".

Políticas sociales "con hechos"

Para ella, "hacer políticas sociales es fácil cuando solo se hacen de cara a los medios de comunicación y después no se pagan. Lo difícil es, con la actual crisis económica, no solo mantenerlas sino ampliarlas". Sánchez ha puesto como ejemplo el recién aprobado suplemento especial de más de 4 millones de euros en la Diputación de Córdoba, que serán destinados a las familias de la provincia que se encuentren en mayor riesgo de exclusión social, y el adelanto del dinero de las nóminas de marzo y abril de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia ante la falta de ingreso del ejecutivo andaluz.

También ha destacado la apuesta por las políticas sociales que hace el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha citado como ejemplos el Plan de Acción 2013-2016 que desarrollará la Estrategia Nacional sobre Drogas vigente hasta 2016, el ajuste presupuestario en el Plan Concertado sin poner en peligro sus grandes objetivos, la creación de la Comisión de Diálogo reglada con el Tercer Sector de Acción Social, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (Penia) 2013-2016 o el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

Además, subraya que "el Gobierno de España está elaborando una Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, así como el próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017 y el Estatuto del Mayor", al tiempo que ha recordado que en los presupuestos del ejercicio 2012, el Gobierno de España trasladó a las Comunidades Autónomas 122 millones de euros más que en el ejercicio 2011 para hacer frente a los nuevos usuarios de la dependencia.