El Ayuntamiento de Alicante, presidido por Sonia Castedo, del PP, ha adjudicado finalmente el contrato para el servicio de limpieza de centros escolares y dependencias municipales de la ciudad a Enrique Ortiz, el empresario imputado junto a ella en el caso Brugal.

Este proceso, que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la condición de diputada de la propia Castedo y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, investiga la supuesta revelación de información privilegiada sobre el plan de ordenación urbana de la ciudad a Ortiz, el principal constructor de Alicante y que también es concesionario de otros servicios del Consistorio.

La adjudicación, tal y como publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado, se ha realizado por un importe total de 14,78 millones de euros (IVA excluido) a la empresa Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S. A.

Castedo está imputada en el caso Brugal, que instruye el magistrado Juan Climent, por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Aunque hace meses dijo que tenía intención de dejar su escaño de diputada en Les Corts Valencianes, lo cierto es que hasta el momento no lo ha hecho.

Las últimas apariciones públicas de la alcaldesa junto a altos cargos del PP, tanto a nivel autonómico como nacional, han estado marcadas por la incomodidad de los dirigentes ante la posibilidad de estar en las fotografías junto a Castedo. Las más recientes fueron el acto homenaje a Alberto Fabra por su aniversario al frente del PP valenciano y la inauguración del AVE Madrid-Alicante, en la que estuvieron presentes el Príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.