El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha anunciado este miércoles la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que buscar "contribuir a dar una mejor respuesta" a las "graves situaciones" que en esta materia está provocando la actual crisis económica y que afectará a cuatro ámbitos como son el alquiler social, las viviendas protegidas de las administraciones públicas, las viviendas protegidas de titularidad privada y los procesos de selección y adjudicación.

Así lo ha anunciado durante su intervención en la primera de las sesiones del debate de Política General de Castilla y León que se celebra hoy y mañana en las Cortes, justo en la mitad de la octava legislatura y en el que es el noveno cara a cara al que se enfrenta el presidente Herrera.

Duurante su intervención, Herrera ha explicado que el contenido de este decreto ley será expuesto dentro del marco del Diálogo Social "y estará abierto a las mejoras que se puedan aportar en el debate parlamentario" al tiempo que ha insistido en que este problema social "requiere una respuesta global" en materia de política de vivienda.

A través de este decreto ley, la Junta impulsará la creación de parques públicos de vivienda de alquiler social para lo que se reservará el 30 por ciento de las casas de promoción pública además de que se flexibilizarán los requisitos de acceso.

Asimismo, en las viviendas protegidas de titularidad pública se concederán moratorias para el pago de las cuotas de compra o alquiler, se reservarán viviendas desocupadas para quienes estén en riesgo de exclusión social y se reducirá el precio de las VPO que están sin adjudicar, además de que se rebajará "sustancialmente" el precio en la amortización anticipada de la compra.

Medidas para vpo privadas

En cuanto a las viviendas protegidas de titularidad privada se dejará de exigir la devolución de ayudas en caso de ejecución hipotecaria o dación en pago, se autorizará la ampliación del periodo de amortización de los préstamos y se adaptará el precio de las nuevas construcciones protegidas a la situación actual.

Además, se establecerá una nueva regulación general que simplifique la calificación de las viviendas y los procesos de selección de adjudicatarios incluyendo entre los colectivos de especial protección a quienes estén en riesgo de desahucios o habiten en casas en ruina o sin requisitos de habitabilidad.

Esta medida anunciada por Herrera se unen a otras impulsadas por la Junta para la protección de las personas afectadas por la crisis como es la Renta Garantizada de Ciudadanía, que desde enero de 2011 ha permitido apoyar a 10.000 familias; la mejora de las ayudas de urgencia social tras el acuerdo con los agentes sociales o la creación del Fondo de Solidaridad, a lo que hay que añadir que Castilla y León ha sido la primera Comunidad en establecer una red de distribución de alimentos que ha atendido ya a un millar de familias.

Pero Herrera en esta materia ha querido anunciar también la creación de una red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis para que cada ciudadano en situación de vulnerabilidad disponga de un programa personalizado con medidas de prevención, atención e inserción laboral y otras medidas en materia de vivienda.

Se trata según Herrera, con todas estas medidas, de que este proyecto de Comunidad que apuesta por la atención a las personas y las familias, "sea una verdades seña de identidad de Castilla y León" para lo que se cuenta con el "consenso y participación de todos" como es el Diálogo Social, las entidades locales, el tercer sector y el sector empresarial.

Una vez que se conozcan las conclusiones de los grupos de trabajo que están trabajando en el análisis de los recursos actuales y la detección de las adaptaciones necesarias se ordenará esta nueva red de protección y se regulará "su estructura, recursos, coordinación, destinatarios, acceso y seguimiento".