El responsable de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Abellán, cree que las reformas planteadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, provocarán una "destrucción masiva de puestos de trabajo y un desmantelamiento del servicio público de la Administración de Justicia".

De esta forma, el diputado ha presentado una moción en la que pide al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel que "se pronuncie en contra porque supondrá un cambio radical en la Administración de Justicia".

Abellán ha manifestado que de la información publicada de los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborados por una Comisión Constitucional de expertos nombrada por Gallardón, así como del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento civil, se desprende "la desaparición de todos los Juzgados de Paz, todos los partidos judiciales y las audiencias provinciales".

La organización judicial del Estado "quedaría establecida con el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y los tribunales de instancia con ámbito provincial, salvo Madrid y Barcelona, que podrán tener ámbito inferior al provincial", informa.

A su juicio, "se potencia la función pública de los procuradores para que realicen actos de comunicación y de ejecución bajo la dirección de los Secretarios Judiciales".

De igual modo, contempla "la modificación del Código Penal que contendrá casi con total seguridad la eliminación de las faltas, que pasarán a estar despenalizadas o a ser delitos".

Para Abellán, "cualquier proceso de reforma de la Administración de Justicia no puede hacerse de espaldas a los funcionarios, como ya ocurrió con la Ley de Tasas Judiciales, que ha reducido el número de asuntos en todos los órdenes judiciales, mermando el derecho de la ciudadanía y el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva".

"Ahora, con la propuesta de reforma, se van a eliminar puestos de trabajo, se va a suprimir la movilidad voluntaria a favor de la forzosa, se va a limitar al máximo el nuevo ingreso y el derecho a la carrera profesional, así como se seguirá devaluando el papel de los funcionarios de Justicia, poniendo en peligro su existencia", lamenta.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista aboga por "una reforma consensuada con los funcionarios de la Administración de Justicia y el resto de operadores judiciales".