El Ejecutivo tramitará la propuesta de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes tramitar la propuesta de reforma de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), emprendida por el Departamento de Sanidad y que este año tendrá una dotación mayor que en ejercicios anteriores.
El portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro.
El portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro.
EUROPA PRESS
El portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes tramitar la propuesta de reforma de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), emprendida por el Departamento de Sanidad y que este año tendrá una dotación mayor que en ejercicios anteriores.

El consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que cobrar el IAI "es un derecho que tiene mucha gente pero siendo los recursos escasos lo lógico es que cobre quien tiene derecho".

Respecto a la polémica suscitada por el endurecimiento de los requisitos, el portavoz del Gobierno ha señalado que no tiene por qué haber "ninguna dificultad" para ir una vez al mes a sellar el documento o que quien tiene un trabajo en otra comunidad deje de percibir el IAI.

Las personas que no tienen derecho deben "dejar su espacio a quien tiene derecho", ha dicho Bermúdez. En la actualidad existe un alto número de solicitantes del IAI que necesitan cubrir sus necesidades básicas y la de su familia mientras buscan trabajo que es su demanda fundamental.

Es por ello que una de las novedades esenciales de esta Ley es regular dos caminos de inserción distintos, que no son en absoluto incompatibles: la inclusión social y la laboral, ha informado el Gobierno de Aragón.

Cargas familiares

El Ejecutivo aragonés pretende IAI priorice a los solicitantes que tengan cargas familiares. Con la modificación se consigue dar cobertura a todos los colectivos que social y laboralmente presenten riesgo de exclusión, un mayor seguimiento y control de las prestaciones durante todo el periodo de percepción y diferenciar dos itinerarios: para las personas socialmente excluidas y para quienes por falta de trabajo puede verse en riesgo de exclusión a corto y medio plazo.

También se incrementa la capacidad de respuesta a la realidad socioeconómica actual e incrementa el control y supervisión para garantizar su correcta aplicación y en que el objetivo no es reducir el número de beneficiarios.

En 2011 se presupuestaron 6,5 millones de euros y el actual Gobierno de Aragon ha ido incrementado la cantidad para cubrir todas las necesidades. En 2012 se presupuestaron 20 millones (más de un 200 por ciento con respecto al año anterior) y para 2013 se van a destinar 25 millones de euros. El IAI tiene una asignación mínima de 441 euros mensuales y una máxima de 621,26 euros mensuales.

EQUIPARACIÓN

Todas las comunidades autónomas tienen mecanismos similares de lucha contra la exclusión. Con la reforma que ahora se acomete se pretende equiparar la norma aragonesa con las de las comunidades limítrofes, para conseguir un área de protección homogénea y que no provoque distorsiones en las demandas de protección social.

El intervalo de edad de los titulares de la prestación queda comprendido entre los 25 y los 65 años. En la actualidad todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, establecen este intervalo como la franja de edad de los solicitantes.

También podrán ser titulares aquellas personas que fuera del intervalo de edad señalado estén en circunstancias como ser menor de 25 años que tengan a su cargo menores o discapacitados, procedan de instituciones de tutela a menores, o sean huérfanos de padre y madre, así como las mujeres víctimas de violencia doméstica. Los mayores de 65 años que no perciban pensión no contributiva.

El periodo de empadronamiento y de residencia legal para ser titular de la prestación es de dos años, equiparándolo a todas las comunidades limítrofes con Aragon (Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana), salvo La Rioja que exige tres.

Lo mismo ocurre para los solicitantes extranjeros que deberán acreditar, igualmente, dos años de residencia legal e ininterrumpida en España para poder recibir la prestación. No se exigirán estos requisitos a las mujeres víctimas de violencia doméstica, ni a quienes hayan sido objeto de acogimiento familiar, o procedan de instituciones de protección de menores.

Las finalidades son destinar el importe de la prestación económica al objetivo para la que le ha sido otorgada; permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar su situación, sin menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos; suscribir, en su caso, el Acuerdo de Inserción y participar en las actividades que en él se determinen de forma personalizada, que no podrán suponer ningún tipo de subempleo.

El Acuerdo de Inserción incluirá siempre la obligación de la presencia física del titular en un centro administrativo, que se determinará reglamentariamente, con una periodicidad mínima mensual, no rechazar una oferta de empleo y mantener la inscripción como demandante de empleo en el INAEM.

DURACIÓN

El Ingreso Aragonés de Inserción se concede como hasta ahora por un periodo de un año. Podrá renovarse por sucesivos períodos anuales, atendiendo a la evaluación de los resultados alcanzados y al mantenimiento de las causas que la motivaron, hasta alcanzar un período máximo de prestación de tres años.

En los casos de necesidad, debidamente valorada según se determine, se podrán otorgar renovaciones anuales del IAI, más allá del límite máximo fijado.

La prestación se extinguirá por las siguientes causas: traslado de domicilio de la unidad familiar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón; disfrutar de un beneficio similar en otra Comunidad Autónoma; obtener recursos iguales o superiores en su cuantía a los que pudieran corresponder a la unidad familiar en función de la prestación del IAI; falseamiento de la declaración de ingresos o el incumplimiento de las obligaciones previstas y también por el rechazo de una oferta de empleo.

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