MÉS per Mallorca ha informado este martes que tiene previsto denunciar el Decreto Ley, aprobado el pasado viernes en Consell de Govern, de regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin red de saneamiento, al considerar que "vulnera la normativa ambiental europea y la ley del suelo estatal, básica", y es una norma "impropia de los estándares de calidad a los que ha de aspirar un destino turístico de primer orden en el siglo XXI".

En un comunicado, la coalición ha opinado que el PP "permite que los enormes beneficios en plusvalías urbanísticas que ha producido la clasificación de suelo a las Islas Baleares se apropien sin cargas urbanísticas proporcionales", al tiempo que ha reclamado como un "mínimo irrenunciable" que los promotores "costeen la urbanización cumplida".

Asimismo, ha remarcado que la Directiva 91/271/CEE, de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, exige que todas las aglomeraciones urbanas deben disponer de sistemas colectores por aguas residuales urbanas y que "sólo permite contadas excepciones muy bien motivadas", y siempre que la alternativa garantice "un nivel igual de protección medioambiental", unas precisiones que, según MÉS, "olvida debiberadamente el Decreto ley".

Asimismo, la ley estatal exige la conexión a redes de saneamiento para que unos terrenos tengan la consideración de urbanos y sólo permite un trato "peculiar" en los núcleos "tradicionales" que estén "legalmente asentados" en el medio rural. "Dos precisiones decisivas que ignora el Decreto ley" de regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin red de saneamiento, insisten desde la coalición.

"obsesión por legalidad urbanizaciones clandestinas"

En este sentido, la coalición ha recordado que ya es el tercer Decreto Ley que trata de eludir la normativa europea sobre aguas residuales. "Tenemos un Govern que legisla 'manu militari', inmerso en una deriva peligrosa para el régimen democrático", ha criticado al respecto.

Para MÉS, esta medida "complementa la ley Company en su obsesión por legalizar urbanizaciones clandestinas", por lo que ha insistido en que "no se pueden hacer urbanizaciones ilegales o sin servicios básicos de mejor condición que las de los que han cumplido todas las leyes" por lo que consideran que tendría que ser al contrario, que, en cualquier caso, "se tendría que penalizar la actuación irregular en vez de premiarla y, en caso alguno, permitir perjuicios ambientales como la legalización masiva del sistema de fosos sépticos".