La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado este lunes con los ayuntamientos de Écja (Sevilla) y Hornachuelos (Córdoba) su adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

Según una nota de la Junta, la consejera señala que "el respaldo municipal no cesa en toda Andalucía, donde continúa creciendo el bloque social e institucional contra los desahucios", tras lo que ha animado al resto de ayuntamientos de ambas provincias a continuar sumándose a la iniciativa.

Con Écija y Hornachuelos, ya son 205 los municipios andaluces que se han sumado al programa, 31 de ellos en Córdoba y 26 en Sevilla, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en el propio municipio de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el programa.

"Los ayuntamientos se convierten en puerta de entrada a las oficinas, facilitando a los vecinos de Écija y Hornachuelos solicitar los servicios que éstas ofrecen sin necesidad de desplazarse a la capital", ha señalado Cortés.

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), prestará asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

El Ayuntamiento también acuerda, mediante servicios sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.

El Ayuntamiento facilitará a la Delegación Territorial de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Se contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento para dar respuestas a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

"El programa, además, ha salido enormemente fortalecido tanto por la histórica sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que pone en evidencia la legislación estatal sobre desahucios y protección de consumidores, como por el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, que actualmente se tramita como proyecto de ley", ha añadido Cortés.