La Comisión Europea (CE) ha concluido que el plan de expropiación temporal de viviendas a entidades financieras de la Junta de Andalucía que pretende evitar los desahucios a familias en riesgo de exclusión social puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca y a la recuperación económica.

Así lo ha indicado en una carta que ha remitido al Ministerio de Economía. En ella, indica que no descarta que aumenten las dudas sobre el mercado inmobiliario español y que eso provocaría subidas en la prima de riesgo y una reducción del interés de inversores extranjeros por activos inmobiliarios españoles.

La noticia se conoce el mismo día en que la Junta ha iniciado el proceso de expropiación de dos viviendas más (las sexta y séptima de la comunidad) en Málaga.

En este sentido, apunta que se puede producir una "caída en el valor de los activos inmobiliarios", lo que tendría una repercusión inmediata en los balances de las entidades financieras, así como en el volumen de provisiones a las que tendrían que hacer frente. A su vez eso afectaría negativamente a la reanudación de los flujos de crédito a particulares y empresas.

Asimismo, entiende que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo español, tendría "muchas dificultades" para cumplir con su mandato de vender los activos tóxicos inmobiliarios que le han traspasado las entidades financieras.

En la misiva advierte sobre la pérdida de seguridad jurídica para las entidades propietarias de los inmuebles, lo que afectaría al conjunto del sector financiero y de la economía.

Para la Comunidad Europea, el decreto que aprobó el Gobierno andaluz "va más allá" de la necesaria protección de las familias más vulnerables y no puede convivir con los requisitos para preservar la estabilidad financiera.

Al mismo tiempo, considera que cualquier tropiezo en el proceso de reestructuración del sistema financiero español (para la CE considera va a buen ritmo) tendrá efectos negativos no sólo en el conjunto de las entidades, sino de la economía. Y afirma: Sería aún peor si otras comunidades autónomas siguieran el ejemplo de Andalucía.

El plan fue analizado en la última visita que los inspectores de la troika (Comisión, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) realizaron a finales de mayo a España para estudiar el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento (MOU) que España firmó a cambio del rescate bancario. Ese compromiso especifica que España tiene que consultar con la comisión y el BCE antes de adoptar medidas que afecten al sector financiero y a los objetivos del rescate.

La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz, se reunió a finales de mayo, después de que el Gobierno español hubiera recibido un correo electrónico en el que solicitaba información sobre la legislación andaluza, con el presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, para defender la plena legalidad del decreto. Díaz defendió entonces que el decreto andaluz "tiene anclaje" en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía y "no entra en colisión con el memorando ni tampoco entra en colisión con las condiciones del rescate financiero" a España.

Para la CE, España está obligada a "hacer honor a los compromisos contraídos" para la puesta en marcha del Memorándum de Entendimiento (MOU) de ayuda a la banca, y a evitar cualquier problema que impida que culmine el proceso de reforma financiera.

Por último, se pregunta cómo es posible que coexistan con la legislación española otras "piezas normativas" con rango de ley, una situación que la CE ve "poco clara".