Las diputaciones de Badajoz, Huelva, Jaén y Sevilla han reclamado este lunes un mecanismo que les permita utilizar en empleo y políticas sociales, más allá del 31 de diciembre del año en curso, los remanentes positivos o superávit cosechados por cada una de estas administraciones locales durante el ejercicio presupuestario 2012. Los dirigentes de estas diputaciones avisan de que si bien el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha quedado "congelado" gracias a un acuerdo en el Senado, no media una modificación legislativa que aclare el destino del dinero correspondiente a los superávit y todo ese capital podría ser simplemente desaprovechado en anticipar el pago de la deuda pública.

La sede de la Diputación de Sevilla ha sido este lunes el escenario de una rueda de prensa celebrada por los vicepresidentes de las diputaciones de Badajoz y Jaén; Ramón Ropero y Pilar Parra, respectivamente; y los presidentes de las Diputaciones de Huelva y Sevilla, Ignacio Caraballo y Fernando Rodríguez Villalobos; respectivamente, en torno a los superávit cosechados por sus administraciones durante el ejercicio presupuestario 2012.

Los frutos del ahorro

Y es que, merced a las políticas de ahorro y austeridad, la Diputación de Badajoz saldó el anterior ejercicio presupuestario con un superávit o remanente positivo de 22 millones de euros; la de Huelva con 17 millones de euros, la de Jaén con unos 30 millones de euros y la de Sevilla con cerca de 40 millones de euros. Pero como todos ellos han explicado, el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estipula que el superávit de estas administraciones debe ser destinado, textualmente, a "reducir el endeudamiento neto", lo que impide que las administraciones locales reconduzcan estos fondos hacia actuaciones para combatir el desempleo o los recortes.

En ese sentido, han recordado que la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el pasado 16 de abril se saldó con el compromiso del Gobierno central de modificar el mencionado artículo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para "permitir" que este superávit pueda ser invertido en "proyectos de largo plazo, bajo determinadas condiciones", extremo este último que figura incluso en un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El destino del superávit

Al respecto, los responsables de las citadas cuatro diputaciones han advertido de que pese a que dicho artículo ha sido ya "congelado" gracias a un acuerdo aprobado en el Senado con los votos favorables del PP y el PSOE, han transcurrido ya más de dos meses desde aquel 16 de abril y no ha mediado una modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que resuelva el destino de los fondos correspondientes al superávit.

Porque, según advierte Fernando Rodríguez Villalobos, si a fecha de 31 de diciembre del año en curso el dinero correspondiente a estos superávit no ha sido empleado en un destino concreto, todo ese dinero no podría ser incorporado como remanente para el siguiente ejercicio presupuestario. "Sospechamos que quedaría depositado en el banco o iría a pagar (anticipadamente) las deudas", ha manifestado.

El tiempo se acaba

Dados los plazos implícitos en una reforma de la mencionada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la elaboración de los proyectos que desean promover estas administraciones para transformar sus superávit en actuaciones en materia de empleo, dependencia o programas de incentivos, los responsables de las diputaciones de Badajoz, Huelva, Jaén y Sevilla aprovecharán la próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, el próximo miércoles, para reclamar celeridad en la modificación del artículo 32 de la citada regulación estatal y un mecanismo que les permita invertir estos fondos "en 2014", lo que supondría desechar el plazo límite del 31 de diciembre.

Así, cada uno de los responsables provinciales ha desgranado las iniciativas planeadas para aprovechar el dinero de su superávit en actuaciones en materia de empleo o dependencia, por ejemplo, al objeto de estimular los flujos económicos y laborales y aliviar así la grave situación que atraviesan muchas familias. "Si antes de final de julio no se lleva la modificación del artículo 32, no vamos a poner utilizar el dinero", ha manifestado Ramón Ropero, quien ha avisado, además, de que casi 35.000 administraciones locales cuentan con remanentes positivos respecto al año 2012. "Imaginen lo que puede significar meter en la economía miles de millones de euros", ha manifestado.