Las fuerzas de oposición del Ayuntamiento hispalense; PSOE e IU-CA, y la organización de consumidores Facua, se han posicionado este viernes en contra de la "privatización" de la gestión de la zona azul, toda vez que la comisión de movilidad ha elevado al pleno una propuesta para emprender un expediente destinado a permitir supuestamente una salida a concurso de este servicio, actualmente en manos de Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

De un lado, el concejal del Grupo Socialista Juan Carlos Cabrera ha planteado, en la comisión informativa de Movilidad, la posibilidad de gestionar de forma directa las zonas de estacionamiento regulado en superficie de forma que sirvan como una nueva vía de ingresos para Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

Que se paralice

A la espera de que se elabore este análisis, el Grupo Socialista solicita que se paralice el proceso de concurso público que abre las puertas a la "privatización" del servicio y que, por tanto, no sea elevado este aspecto al próximo pleno. "Antes de impulsar este expediente hay que analizar si esta es la mejor opción para un servicio que en 2011 generó unos ingresos de casi 2,5 millones de euros y que puede ser una oportunidad para aumentar los recursos municipales y en especial para Tussam, sobre todo ahora que hay un proyecto en marcha para incrementar el número de áreas con zona azul en la ciudad", explica el concejal socialista.

El concejal socialista incide en la importancia de que cualquier decisión que se adopte por parte del gobierno de Zoido no afecte a la plantilla que trabaja ahora en Aussa y no suponga por tanto ni una reducción del número de trabajadores ni una merma en sus condiciones laborales y reclama que este procedimiento no derive en un empeoramiento de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos ni en un nuevo encarecimiento de las tarifas.

Rechazo "total" de torrijos

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha manifestado de su lado su "total rechazo" a la intención del Gobierno de Zoido de privatizar la gestión de la zona azul y ha alertado de las negativas consecuencias que esta decisión podría suponer tanto para los trabajadores que desempeñan dicho servicio como para la calidad del mismo y el bolsillo de los propios ciudadanos. Ha señalado el "secretismo" con que el PP se ha propuesto cambiar el modelo vigente en la explotación de la zona azul y se ha mostrado partidario de que el Ayuntamiento lo asuma íntegramente a través de Tussam.

A juicio del portavoz de IU, la nueva privatización pretendida por Zoido confirma, una vez más, el "programa oculto" del PP y su objetivo de "entregar el mayor número de competencias municipales al sector privado para que unos pocos hagan negocio". Y es que, en su opinión, "nos hallamos en presencia de la enésima dejación de funciones" por parte del Consistorio hispalense, que ahora también renuncia a afrontar sus responsabilidades de control y supervisión en materia de regulación de aparcamientos en superficie.

En este sentido, Torrijos ha reconocido su temor ante la posibilidad de que el expediente iniciado este viernes por el Gobierno de Zoido en la Comisión de Movilidad constituya el paso previo a futuras subidas en las tarifas de la zona azul o termine de abrir la puerta a un próximo aumento de estas plazas de pago. "Y eso por no hablar del empeoramiento de las condiciones laborales o de los despidos que la privatización conllevará", ha subrayado el portavoz de IU, tras remitirse al propio contenido del documento, donde se dice textualmente que el empresario gestionará este cometido "a su propio riesgo y ventura".

Facua también habla de "privatización"

Facua, de su lado, rechaza también la "privatización" de este servicio. La asociación alerta de la subida de precios que podría provocar conceder este servicio a una empresa "con afán de lucro", algo que además abriría la puerta a "presionar al Ayuntamiento para ampliar las plazas de pago con el único objetivo de aumentar sus beneficios a costa del ciudadano".

Para Facua, "privatizar la gestión de servicios como éste sólo puede entenderse como un reconocimiento de la incapacidad de quienes gobiernan para llevar a cabo las tareas para las que han sido elegidos por los ciudadanos".