La propiedad del bloque de viviendas de renta libre ocupado irregularmente desde hace más de un año en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro, ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla solicitando que no sea ejecutada la medida cautelar de "desalojo inmediato" solicitada el pasado 2 de mayo, "hasta que transcurra" el plazo acordado entre la propiedad y las familias protagonistas de esta ocupación, para promover el realojo de estas personas en otras viviendas con el desalojo pacífico del bloque en cuestión.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como se había informado, esperaba tomar declaración este viernes a las últimas cuatro personas imputadas de un presunto delito de usurpación a cuenta de la ocupación de este bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Estamos hablando, claro está, de la denominada 'Corrala Utopía'.

Requerimiento de desalojo

Las comparecencias de cada uno de los imputados, hasta el momento, se han saldado siempre con un requerimiento del juzgado en cuanto al desalojo voluntario e inmediato de las viviendas. No obstante, la propiedad del edificio, 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo', y el colectivo de familias han alcanzado un principio de acuerdo que implica la búsqueda de fórmulas para que las familias que acrediten un estado de verdadera "necesidad" sean realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias.

Así, este viernes, mientras prestaban declaración como imputados dos de los últimos cuatro miembros de este colectivo citados por el Juzgado de Instrucción número tres, ha trascendido un escrito que la sociedad 'Residencial Murillo' ha elevado al juzgado merced al mencionado principio de acuerdo. El escrito, fechado el pasado 7 de junio y recogido por Europa Press, da cuenta a la citada instancia judicial del mencionado principio de acuerdo y pide "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada" el pasado 2 de mayo, "hasta que transcurra el plazo acordado por los ocupantes del inmueble para efectuar el desalojo pacífico y voluntario".

Según el acuerdo

En ese sentido, el mencionado escrito expone "el firme compromiso" de las familias para "desalojar de manera pacífica y voluntaria, en el plazo máximo de un mes, el citado edificio una vez hayan acreditado quienes estén en situación de necesidad esta circunstancia y se haya podido localizar inmuebles en los que puedan ser realojados como inquilinos". Luis de los Santos, el abogado que representa al colectivo de familias, ha manifestado de su lado a Europa Press que estas personas "han firmado el acuerdo" y que ambas partes están ya "cumpliendo" los términos del pacto.

La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".