El representante del Grup Fer en el concurso de Can Domenge, Miguel Estela, ha manifestado ante el tribunal que juzga a los acusados de la adjudicación presuntamente irregular de los terrenos palmesanos, que la empresa llevó a cabo un preestudio de este solar antes de que salieran las bases, únicamente para valorar las posibilidades que tenían en este proceso administrativo y así "estar preparados". "No era un estudio serio", ha recalcado el testigo.

Interrogado por el fiscal anticorrupción Juan Carrau, el testigo ha asegurado no constarle que la empresa hubiera obtenido información privilegiada antes de que el concurso fuera publicado, al tiempo que ha aseverado no haber visto "nunca" que se fije un precio máximo en un proceso de adjudicación por parte de la Administración, como en este caso lo fue de treinta millones de euros.

Asimismo, ha recordado que el plazo que se dio para la presentación de ofertas -inicialmente de quince días, posteriormente prorrogados en quince más- era "muy breve", un tiempo que, según los investigadores, podía disuadir a las empresas de presentar sus proyectos y reducir la competencia en favor de Sacresa, que resultó beneficiaria tras un proceso durante el cual presuntamente obtuvo información previa a la publicación de las bases.

Mientras tanto, el consejero delegado de la inmobiliaria mallorquina Llull Sastre, en la misma línea, ha aseverado que en el sector de la venta de terrenos nunca había visto que el precio a partir de un tope ya no puntuase más, como en este caso, toda vez que ha considerado que el plazo de quince días para presentar los proyectos "era corto". De hecho, ha apuntado que si no hubiera habido prórroga no hubieran concurrido al concurso.