La nueva 'acción de oro' creada por el Gobierno para condicionar la adquisición de activos estratégicos en el sector de la energía podrá ser aplicada solo a compradores extracomunitarios y salvaguardará 8 refinerías, 4.000 kilómetros de oleoductos y 38 instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en territorio nacional.

Las adquisiciones societarias significativas que deberán comunicarse al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la eventual imposición de condiciones afectan a cuatro refinerías de Repsol, que son las de Puertollano, Cartagena, Tarragona y A Coruña, así como a una de su filial vasca Petronor, la ubicada en Santurce.

También quedan bajo la nueva protección la instalación de BP en Castellón y las dos en poder de Cepsa, que son la de Huelva y la de San Roque. El parque de refinerías se ha visto sometido en los últimos años a un importante esfuerzo inversor, de hasta 6.000 millones, para su mejora y ampliación, especialmente en el caso de la de Repsol en Cartagena.

Además, el nuevo paraguas de protección creado por el Gobierno afectará a los almacenamientos estratégicos y los cerca de 4.000 kilómetros de oleoductos propiedad de CLH. La red civil de oleoductos es la más extensa de Europa Occidental, al tiempo que las instalaciones de almacenamiento tienen una capacidad de 7,8 millones de metros cúbicos.

La ley Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) permite al Ministerio de Industria en su disposición adicional novena establecer "condiciones" en caso de compra por parte de inversores extranjeros de sociedades con activos estratégicos en el sector de la energía, siempre que se perciba una "amenaza real" o "grave" para la garantía de suministro.

Los diarios 'Cinco Días', 'El Economista' y 'El Mundo', que adelantan el nuevo esquema de protección, recuerdan que la nueva disposición amplía la protección de la que ya disponían los activos regulados del sector energético, entre los que figuran la distribución y transporte de gas, la operación de los sistema eléctricos y gasistas, los sistemas extrapeninsulares y los almacenamientos de gas.

La nueva ley sobre la CNMC, publicada en el BOE el 5 de junio, da protección ante compras extracomunitarias a las infraestructuras críticas del sector energético, esto es, a las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.

Esta catalogación también incluye las centrales térmicas nucleares y las centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional.