Plataforma ciudadana de organizaciones sociales de Barakaldo lleva a la UE la "falta de garantías" del pantano de Oiola

La Plataforma ciudadana de organizaciones sociales y vecinales de Barakaldo llevará a Europa el problema de la "contaminación por HCH" del pantano de Oiola y la "falta de garantías" de calidad del agua de consumo humano de Barakaldo, a través de la presentación de una Queja-denuncia ante la Comisión Europea por el "incumplimiento" de la legislación comunitaria de calidad ambiental y sanitaria de las aguas y una Petición ante el Parlamento Europeo.

La Plataforma ciudadana de organizaciones sociales y vecinales de Barakaldo llevará a Europa el problema de la "contaminación por HCH" del pantano de Oiola y la "falta de garantías" de calidad del agua de consumo humano de Barakaldo, a través de la presentación de una Queja-denuncia ante la Comisión Europea por el "incumplimiento" de la legislación comunitaria de calidad ambiental y sanitaria de las aguas y una Petición ante el Parlamento Europeo.

Este colectivo continúa así con sus denuncias acerca de la calidad del agua de consumo de Barakaldo, Sestao y Alonsotegi, que proceden parcialmente de las aguas del embalse de Oiola, que ha padecido "graves problemas de contaminación" por HCH.

Igualmente, mantiene su solicitud de desconexión permanente de este embalse de la red de abastecimiento de agua potable, hasta que no sea "identificado y suprimido el foco contaminante, limpiados todos los lodos contaminados con HCH del propio embalse y adoptadas las medidas necesarias para garantizar un suministro de agua potable segura y de calidad".

En una rueda de prensa, la Plataforma ha denunciado que las autoridades locales y autonómicas están "incumpliendo" la legislación sobre la calidad ambiental y sanitaria de las aguas del embalse y su uso. "Están incumpliendo la legalidad española, pero también la normativa comunitaria europea, que da origen y obliga a adaptar esa legalidad", ha advertido.

Por ello, ha decidido llevar el asunto a Europa, presentando sendas iniciativas ante las principales instituciones comunitarias instándolas a que obliguen a España a adaptarse a la legislación europea y cumplirla "íntegra y cabalmente".

En este sentido, se ha presentado una Queja ante la Comisión Europea, donde se denuncian "déficits de trasposición e incumplimiento" de diversas Directivas europeas y en especial la Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de aguas destinadas a consumo humano y la Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua) y la Directiva 2008/105/CE de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas.

Por ello, solicita la apertura de un procedimiento de infracción contra España por estos "incumplimientos" y que se declare que el embalse de Oiola "no cumple ahora mismo las condiciones legales para seguir siendo un punto de captación de aguas para la producción de agua de consumo humano".

La denuncia se dirige más concretamente frente a los Departamentos de Salud y de Medio Ambiente del Gobierno vasco (especialmente, la Agencia Vasca del Agua-URA) con competencias en el control sanitario del agua de consumo humano y la gestión ambiental del agua respectivamente, y frente al Ayuntamiento de Barakaldo y Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, responsables del abastecimiento de agua de consumo humano y gestores de las instalaciones destinadas a dicha finalidad.

También se denuncian en esta Queja los "incumplimientos" de los derechos de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente (especialmente la Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público de la información medioambiental) por la actitud de estas administraciones a lo largo del proceso, en relación con las solicitudes de información, peticiones y denuncias realizadas por los colectivos de Barakaldo en torno a este asunto.

"En muchas de las ocasiones, estas administraciones no han respondido o han dado respuestas injustificadas, insuficientes o extemporáneas, obstaculizando el derecho a la información y participación pública", ha criticado.

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