Un total de siete sindicatos de función pública, Sindicato Médico Andaluz (SMA), Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), ANPE, Satse, Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FATE) y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) se han concentrado este jueves ante una de las sedes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Sevilla contra los "recortes" de la Junta y han entregado un escrito durante la protesta que recoge las "numerosas discriminaciones" que sufren los empleados públicos en Andalucía.

En una nota conjunta, los sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía han vuelto a unirse este jueves en una concentración junto a cientos de funcionarios congregados a las puertas de una de las sedes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Sevilla, situada en la calle Alberto Lista.

Los sindicatos han protagonizado una hora de pitada ininterrumpida para denunciar lo que consideran "un auténtico despropósito contra el funcionario público andaluz y un discriminatorio recorte económico".

La Faspi (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes) integrada por los sindicatos SAF, SMA y APIA; la FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad) formado por Satse y ANPE; FATE (Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios); y SAE han evidenciado "la discriminación padecida por los funcionarios de la Junta, únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2013 y que han sufrido la pérdida total de las ayudas de acción social".

Además, las organizaciones sindicales han recordado que los funcionarios andaluces "son los que tienen los complementos retributivos más bajos de España".

Bajo el lema '¡Unidos contra los recortes!' y dirigiéndose a los políticos andaluces con preguntas tan directas como '¿Por qué recortáis en los servicios públicos?', las organizaciones sindicales han elevado la voz contra las medidas discriminatorias del Gobierno andaluz con consignas como 'La Junta nos quita la paga extra', 'Stop al enchufismo', '¡Contra los recortes económicos y de plantilla!' o '¡Por la recuperación del 10% de las retribuciones variables!'.

En una concentración sin incidentes y cargada de pancartas reivindicativas, los siete sindicatos han presentado un escrito ante la Consejería y la propia consejera, Carmen Martínez Aguayo, donde manifiestan sus reivindicaciones y han mostrado su "absoluto desacuerdo" con unas medidas de recorte "arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales".

Las organizaciones sindicales han declarado que los recortes llevados a cabo por el Gobierno andaluz "causan graves perjuicios en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía", unos efectos colaterales como "la merma de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de trabajo, incluso repercute, por ejemplo, en la calidad de la educación o la seguridad clínica de los pacientes y de los propios profesionales".

Las centrales han recordado que la reducción de las pagas adicionales "es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit" y han apuntado que con esta medida, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10 por ciento de las percepciones variables, "se preveía ahorrar, tal y como apunta el Plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros, justificándolo en la necesidad de mantener a 25.000 trabajadores del sector público autonómico".

Para estos sindicatos, esta justificación "no tiene razón de ser, pues el coste del mantenimiento de dicho personal perteneciente a la denominada Administración paralela es de más de 840 millones de euros anuales, por lo que el recorte previsto apenas da para pagar el 15 por ciento de dicho personal".

Durante la protesta, los sindicatos han recalcado que la Junta de Andalucía "no repara en gastos a la hora de crear nuevas agencias y estructuras, de mantener edificios administrativos en propiedad y en alquiler, algunos vacíos, o de reducir mínimamente el gasto en asesores".

Así, en el escrito presentado las organizaciones sindicales manifiestan su indignación y reprenden a la Junta de Andalucía "que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la Administración por procedimientos reglados, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos".