El Tribunal Supremo ha condenado al diputado del PP Vicente Ferrer Roselló a pagar una multa de 720 euros —seis euros al día durante cuatro meses— y a ocho meses de privación de su derecho a conducir por conducir bajo los efectos del alcohol.

El diputado ya había sido condenado en octubre de 2012 por estos mismos hechos, que tuvieron lugar el 30 de septiembre del mismo año, por el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, pero el juez anuló la sentencia un mes después porque al ser un miembro de las Cortes Españolas la competencia para enjuiciar los hechos correspondía al Tribunal Supremo.

El pasado mes de marzo el pleno del Congreso concedió el suplicatorio solicitado por el Tribunal para proceder contra el parlamentario, que fue sorprendido por la Policía haciendo maniobras en zigzag por una avenida de Valencia y cambiándose de carril sin ningún tipo de señalización; la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,82 y 0,84 miligramos de alcohol por litro espirado de aire; él admitió los hechos.

La multa impuesta por el Supremo es algo inferior a la primera, que ascendía a 900 euros, aunque la privación de su derecho a conducir también fue en aquella ocasión de ocho meses. La sentencia de la sala de lo penal del Supremo, dictada por el magistrado instructor y ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, dice además que cada dos cuotas insatisfechas se establece, en concepto de responsabilidad personal, un día de privación de libertad.

Ferrer es el tercer diputado 'popular' al que el Alto Tribunal pide investigar desde 2011 por haber dado positivo al volante.

Tanto el entonces líder de Nuevas Generaciones y también diputado por Valencia, Ignacio Uriarte, como el murciano Arsenio Pacheco, fueron finalmente condenados por conducir bajo los efectos del alcohol. Uriarte dimitió como vocal en la Comisión de Seguridad Vial, pero los dos mantuvieron sus escaños y fueron reelegidos diputados en las últimas generales.

En la pasada legislatura, la Cámara Baja tramitó también el suplicatorio que permitió investigar al entonces diputado del PP por Segovia Jesús Merino por los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho, en el marco del 'caso Gürtel'. El suplicatorio fue concedido por el Pleno de la Cámara Baja el 15 de septiembre. Después Merino dimitió, pero aún no ha sido juzgado. Hasta ahora el Congreso ha aprobado 29 suplicatorios y ha rechazado 13.