El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este viernes el proyecto de ley de supresión de la Procuraduría General, el Defensor del Pueblo autonómico, una institución creada en 2006 y cuyas funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional.

La supresión de este organismo formaba parte del pacto de legislatura suscrito entre el PSOE y UPyD, pero fue el PP quien registró la proposición de ley para su eliminación ante la "tardanza" con la que, según los populares, el Gobierno afrontaba esta reforma.

El proyecto de ley ha sido aprobado este viernes, con el único voto en contra de IU, tras incorporar al texto del PP diversas enmiendas presentadas por PSOE y UPyD, que pretenden, según ambos grupos, promover un cierre "ordenado" de la institución y regular la finalización de los trabajos pendientes en la Procuraduría.

Los populares plantearon la iniciativa al considerar excesivo en un momento de crisis el coste de una institución ante la que, cinco años después de su creación, los asturianos habían tramitado 276 quejas frente a las 459 planteadas ante el Defensor del Pueblo.

La continuidad de la Procuraduría fue defendida en los últimos tiempos por la plataforma "Iniciativa por la defensa de la institución del Procurador General del Principado", que aglutinaba a 211 entidades y que este viernes asistió a la sesión plenaria desde la tribuna de invitados donde expresaron su protesta con carteles en los que pedían la continuidad de la institución.

La diputada del PP Enma Ramos se ha congratulado por ser "el primer Parlamento " en llevar a cabo la reordenación administrativa con la supresión de este organismo, siendo el PP "el que ha tirado del carro" a pesar del acuerdo de legislatura entre PSOE y UPyD, que ha quedado "paralizado". Ha indicado además que el ahorro presupuestario será de 2,5 millones de euros.

Ramos ha insistido que la decisión no supondrá que los ciudadanos se encuentren desprotegidos, ya que será el Defensor del Pueblo y el Parlamento quienes garantizarán los derechos y deberes fundamentales de los asturianos. "Ningún asturiano se verá desamparado", ha dicho.

El Consejo de Ministros estudia este mismo viernes y está previsto que haga público el informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas que contiene 217 medidas concretas destinadas a lograr un mayor ahorro a las arcas públicas y un mejor servicio a los ciudadanos, entre ellas, la supresión de instituciones.