La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha indicado que no tiene conocimiento todavía del contenido de la reforma de las administraciones públicas que aprobará el Gobierno central, aunque reconoce que, "por las presentaciones breves" efectuadas, se lleva "una alegría" por que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "cambie de opinión y deje de culpar a los empleados públicos de todos los males".

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha explicado que la Junta aún no conoce la propuesta de reforma de las administraciones públicas "sólo conocemos las presentaciones breves", por lo que reconoce que esperará a ver el documento para poder opinar.

No obstante, indica que se "congratula" de las palabras de Mariano Rajoy "ha reconocido que en España el gasto publico no es el causante de los problemas de la crisis". "Me congratula saber que el Gobierno reconoce que el empleo público no sobra en este país y me llevo una alegría al ver que cambian de posición los mismos que culpabilizaban a los empleados públicos de todos los males de este país", ha agregado.

Por ello, la consejera indica que "si ese es el punto de partida, veremos como está el documento", aunque lamenta que a la Junta "le hubiera gustado participar en dicha reforma", toda vez que "cerca del 35 por ciento de la administración se presta pro las comunidades autónomas, con servicios como educación, sanidad y servicios sociales".

"Sería lógico que hubiéramos participado de inicio en los trabajos de análisis para mejorar el sector público, algo que a todos nos interesa, pero desgraciadamente no ha sido así", se ha lamentado la consejera.

Por ello, la consejera se muestra "sorprendida por que Rajoy reconozca que los empleados públicos no son los causantes de la crisis y que las comunidades no son parte del problema sino parte de la solución".

"El empleo público es un elemento de consolidación fiscal, mantiene los niveles de renta y la economía, por lo que me congratulo por lo expresado por el presidente del Gobierno", ha agregado la consejera, quien lamenta que los planteamientos de reforma "no los tengamos por escrito", así como el hecho de que dicha reforma "se está haciendo de forma y cerrada y sin las participación de las comunidades autónomas", algo de lo que "otras comunidades también discreparon".

La consejera se ha mostrado "satisfecha" por el acuerdo alcanzado entre la Junta y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta, UGT, CSIF y CCOO, acuerdo en materia de conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos y de prevención de riesgos laborales.

La consejera ha recordado que a este acuerdo "se llegó por unanimidad de todos los representantes de la Mesa", tras lo que ha puesto en valor la apuesta por la negociación y la concertación entre las partes".

Por su parte, el diputado del PP Rafael Ruiz Canto considera que este acuerdo "está capado", toda vez que "es perfecto que se hable de conciliación, aunque yo iría a más, pero la Mesa General debería haber tratado también los recortes a los empleados públicos y la restitución de los complementos de la paga extra, como pedían los sindicatos".

"Este acuerdo se resume en una tapada de boca para que no se siga hablando de recortes de la Junta; es un acuerdo de consenso entre Junta y tres organizaciones, obviando el tema de las retribuciones y recortes", ha agregado el diputado popular, quien exige que "se devuelva a los empleados públicos lo que se les está quitando".

Considera que "no se puede tapar la boca a los sindicatos, cambiando reivindicaciones por liberaciones de trabajadores; no es admisible que todos quepan debajo de un paraguas done se cambie globo por botella; los derechos sociolaborales de los empleados públicos no son intercambiables ni se deben emplear diferentes varas de medir".

El PP ha apostado por "homogeneizar las condiciones de trabajo" y ha valorado el acuerdo alcanzado, aunque ve "muy negativo" que "no se hayan tratado asuntos que se deben tratar de verdad".

Por su parte, el diputado del PSOE José Caballos valora este acuerdo que "introduce mejoras importantes en materia de jornadas" y que "superan ampliamente lo apuntado desde el Gobierno central", por lo que "se demuestra una actitud distinta a la del Gobierno del PP".

Caballos ha resaltado que "se demuestra el valor del diálogo, de la negociación y del acuerdo, que es positivo en sí mismo", toda vez que "para la Junta tienen mucha importancia los sindicatos".

"Sin diálogo social los países progresan menos; y hay una cacería descarada y una ejecución de los sindicatos desde la derecha política y desde que llegaron a La Moncloa, cuando los sindicatos son imprescindibles, y si no existieran habría que inventarlos; son potentes donde hay más riqueza y más productividad", ha agregado Caballos.

Este resalta que "se está demostrando desde Andalucía que es posible suprimir entes y ahorrar en el presupuesto de la Junta sin menoscabar condiciones de trabajo, sin despidos masivos y sin privatizaciones; se está manteniendo en Andalucía el máximo nivel de empleo público sin privatizaciones, y todo es compatible con políticas de ahorro".

Por su parte, la diputada de IU Rosalía Martín, quien también saludó este acuerdo, ve positivo "abrir un poco la puerta y comenzar a flexibilizar la jornada laboral y recuperar derechos por parte de los trabajadores".

Considera que "se tendría que avanzar más en el estudio de otras fórmulas que favorezcan aún más la conciliación, para que haya una seria alternativa a las imposiciones del estado en materia de jornada y permisos, que van contra del Estatuto Básico del Empleado Público".

Martín ve también necesario acometer y avanzar en materia de promoción interna y en concursos y lamenta que el estudio de prevención de riesgos laborales "llega con diez años de retraso", aunque considera que los acuerdos alcanzados "han sido un gran avance, un paso importante en cuando a recuperación de derechos de los empleados públicos".