El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha aplazado hasta el próximo mes de julio las declaraciones previstas para este jueves de dos técnicas de la Cámara de Cuentas que participaron en la elaboración del informe que dio lugar a la presente investigación.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha aplazado hasta los próximos días 10 y 11 de julio las declaraciones de estas dos testigos, Amelia Martínez y María José González, debido a que los abogados personados en la causa deben analizar nueva documentación vinculada a este procedimiento.

Las mismas fuentes consultadas han señalado que el magistrado ha citado también para dichas fechas a una tercera técnica de la Cámara de Cuentas, identificada como Leonor Viñuales Gutiérrez, que también acudirá en calidad de testigo.

Estas nuevas citaciones han llevado a su vez al juez a cambiar del 11 al 17 de julio la declaración como testigo del exdirector de Formación de Invercaria Cristóbal Cantos, cuya denuncia dio lugar a la investigación por las presuntas irregularidades en Invercaria.

Todas estas declaraciones se enmarcan en la pieza separada de investigación relacionada con la iniciativa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), pieza dentro de la cual hay un total de nueve personas imputadas.

Así, han comparecido ya como imputados ante el juez los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz; el ex director financiero de esta empresa pública, Antonio Nieto Garrido; el consejero delegado de Novasoft, Francisco José Barrionuevo; los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill; el ex director general de FIVA José Luis Hidalgo; Gonzalo Alba, ex director de Coordinación de Invercaria y exsecretario del consejo de administración de FIVA, y Manuel Jesús Rodríguez, analista de Invercaria.

El juez instructor imputó a todos ellos sendos presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y tráfico de influencias.