El Tribunal Supremo revisará en vista pública este jueves la decisión de la Audiencia Provincial de Ourense de absolver a los seis cargos municipales de la entidad que habían sido acusados de delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental relacionados con la cancelada instalación en Ourense de varios paneles informativos y publicitarios en el año 2008.

Los seis imputados que resultaron absueltos eran el exteniente alcalde de Ourense Alexandre Sánchez Vidal, el exconcejal de Infraestructuras y también exteniente alcalde Andrés García Mata, el exdirector general de Turismo David Cortón, el funcionario Elías Domínguez, el empresario y funcionario en excedencia José Omar Bouzo y el también empresario Daniel Conde.

En la sentencia de la Audiencia Provincial, los magistrados apuntaron falta de pruebas en alguno de los casos y en otros por consideraron "farragosa, confusa y notoriamente incorrecta" toda la actuación administrativa "sin que ello signifique que tal actuación trascienda el ámbito penal".

Asimismo, los jueces autores del fallo consideraron que quedó probado todo un proceso que comenzó a finales de 2007, cuando David Cortón reunió tres propuestas empresariales para instalar y poner a funcionar pantallas de gran formato en lugares públicos de "tránsito masivo" en la ciudad de Ourense. Entre ellas estaba la de la empresa Afiador S.L., cuyos socios eran Daniel Conde y José Omar Bouzo, aunque sin constituir formalmente hasta el 7 de febrero de 2008.

El funcionario Elías Domínguez abrió formalmente un "expediente informativo y de ejecución" en el que incluyó especificaciones técnicas y un pliego de condiciones con plazos y presupuesto de ejecución, según se explica.

CONVENIO

La Audiencia también consideró probado que el funcionario Domínguez informó como más favorable, la propuesta de Afiador S.L., y redactó un convenio-contrato que firmaron en 2008 el empresario Daniel Conde y el entonces teniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, que entró en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense en junio de 2008 y contó con el "visto y place" del entonces concejal de Infraestructuras Andrés García Mata.

El entonces director general de Turismo David Cortón pidió en octubre de 2008 licencia urbanística a la Concejalía de Urbanismo para la instalación de las pantallas y el funcionario Domínguez solicitó la aprobación del convenio por parte de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno, antes de estudiar, pidió informes jurídicos pero las obras comenzaron a hacerse con la excavación de sendos agujeros en la céntrica alameda y en el parque de San Lázaro, hasta que fueron paralizadas con un expediente de reposición de la legalidad urbanística. El convenio-contrato fue anulado por decreto en la Junta de Gobierno local del 26 de noviembre de 2009.

Por su parte, los concejales del PP en Ourense llevaron en diciembre de 2008 la documentación sobre las tramitaciones que se hicieron en el Ayuntamiento a la Fiscalía de Ourense, que finalmente presentó una querella contra los seis presuntos implicados.