La Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado estudian el requerimiento con el que la Junta de Andalucía ha exigido al Gobierno central el pago de las inversiones previstas en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, en cuanto a que las inversiones deben ser acordes al peso poblacional andaluz en el conjunto del país, en torno al 17,8 por ciento, según ha señalado este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro y el propio Beteta han mantenido con el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y el consejero de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, Beteta ha dicho que éste es un asunto que no estaba en el orden del día del encuentro y que se ha trasladado a los responsables andaluces que se trabajará "conjuntamente" en el análisis de la situación.

El secretario de Estado también ha añadido que durante la reunión, el ministro ha reconocido, "como no podía ser de otra manera", lo dispuesto en el Estatuto andaluz y ha recalcado que el requerimiento está siendo objeto de estudio y análisis. Sin embargo, ha aclarado que no se ha hablado del pago de la desviación correspondiente a los años 2008 y 2009 y que la Intervención General del Estado ya cifró en 1.504 millones.

Por su parte, Ávila ha confiado en que ese requerimiento, mecanismo previo al contencioso administrativo y que pide que se traslade la información sobre lo que el Estado dejó de ejecutar en Andalucía en los años 2010, 2011 y 2012 y que se convoque la comisión bilateral que lo analiza, tenga respuesta "cierta" en lo que queda de mes de junio.

Ávila ha confirmado que durante el encuentro, el Ministerio no ha trasladado esa información y la Junta "le ha recordado que lo haga" y que sea analizada en la comisión correspondiente.