La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha registrado una querella contra el secretario general del PPCV y conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, su mujer y otras dos personas más —cuya identificación no ha trascendido— por presuntas irregularidades en varias adjudicaciones.

Según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado, la querella, interpuesta por la Asociación Valenciana contra la Corrupción, alude a supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición. La querella ha sido registrada en el TSJCV y también turnada entre los magistrados de la Sala, han indicado las mismas fuentes.

La querella guarda relación con las adjudicaciones realizadas en los departamentos en los que Castellano, quien también es diputado en las Corts, ha sido conseller —Sanidad, Gobernación y Justicia— a la empresa Construcciones Taroncher, según ha podido saber Europa Press.

Castellano, tras conocer la interposición de la querella, ha afirmado que no dispone de más información que la que ha trasladado el tribunal valenciano, puesto que no se le ha notificado ningún texto ni denuncia. Así, ha señalado que cuando tenga más datos, ofrecerá las explicaciones que corresponden. Con todo, ha subrayado su "total" y "absoluta" disposición a colaborar con la justicia.

Febrero de 2009

Las noticias en relación con las adjudicaciones a la empresa Taroncher se remontan a febrero de 2009. En ese momento, Castellano defendió la legalidad, claridad y transparencia de las adjudicaciones, y aseguró que ni su mujer ni él tenía ningún interés con empresa alguna.

Asimismo, aclaró que la empresa Taroncher facturó para la Conselleria de Gobernación en dos años obras en contratos menores por valor de 171.034 euros de un montante total de adjudicaciones de 73 millones de este departamento —lo que representaba un 0,23 por ciento—. Estas obras correspondían a distintos trabajos de reforma en el edificio central de la conselleria y en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Además, señaló en ese momento que en todas las consellerias por las que había pasado en diez años, la empresa había sido adjudicataria por un importe de 391.450 euros en concursos públicos de libre concurrencia.