La jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el dueño de Uniter, José González Mata —a quien en la noche de este martes envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros—, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta", haciendo alusión asimismo al "enorme enriquecimiento" que el imputado experimentó con este "saqueo", ya que es titular de 32 inmuebles, de los que 29 los adquirió "en el periodo investigado".

Hay que recordar, en este punto, que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

En el auto de prisión, la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.

José González Mata es propietario de 32 inmueblesLa jueza añade que, "en este ilícito uso de fondos públicos, tendría también una actuación decisiva junto al inculpado representantes de los sindicatos UGT y CC OO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter, o de la propia empresa, así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís".

Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.

A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CC OO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".

Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".

En el auto, la jueza también hace alusión a una serie de "pagos directos" a Guerrero a través de dos asientos incluidos en la contabilidad de Uniter "que reflejarían pagos de 25.000 y 75.000 euros con el concepto 'J.Guerrero', tratándose de dos cheques que serían cobrados por la empresa Andalucine, relacionada societariamente con la entidad Producciones Barataria, perteneciente a la hermana de la delegada provincial de Medio Ambiente en Sevilla y que en 2005 recibiría una subvención de más de 300.000 euros".

La jueza también achaca al imputado su "activa participación" en la inclusión de intrusos, como por ejemplo los cinco empleados del establecimiento Almacenes Delgado, de la localidad del Cerro del Andévalo (Huelva), que fueron incluidos en 2006 en la póliza de Bolsa de Tharsis pese a que "nunca habían sido mineros".

De igual modo, añade la magistrada, González Mata "tendría un papel decisivo" en la inclusión del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés en Calderinox, "pues al parecer contaba con los parabienes" de Antonio Fernández, Juan Márquez y del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Asimismo, su intervención "sería también decisiva" en la inclusión del exconsejero de Empleo de la Junta en la póliza de González Byass, en la que Antonio Fernández "sabía que estaba incluido, y por la que podría haber llegado a cobrar 386.181 euros".

La jueza señala que, frente a unos ingresos declarados por el imputado entre 2003 y 2010 de 755.369 euros, la entidad Cureña -perteneciente al dueño de Uniter al 100%- "tendría unos abonos entre 2001 y 2012 de cerca de 55 millones de euros", según el análisis realizado por la Guardia Civil de las cuentas bancarias.

Al hilo, precisa que de estos 55 millones "al menos el 58 por ciento procedería de las ganancias de Uniter, más de 32 millones de euros", lo que "le habría permitido la realización de importantes inversiones, como la adquisición de nada menos que 29 inmuebles a partir del año 2001, fecha en la que interviene en su primer expediente, Santana Motor".

Estos inmuebles estarían repartidos entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Madrid, agrega la magistrada, quien también apunta que el imputado destinó 2,9 millones de euros "entre imposiciones a plazo fijo y productos de pasivo, así como inversiones menores tales como 1,2 millones en compra de acciones en bolsa". La juez considera, en suma, que el imputado habría destinado el dinero obtenido con las 'sobrecomisiones' a su propio enriquecimiento personal y "al sostenimiento de la trama".

Tras dos días de declaración, la juez envió a la cárcel al imputado después de la celebración de una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción aludió a la "participación y posición del imputado en la trama general de defraudación montada en torno al dinero público que desde la Junta se destinaba a la financiación de ayudas sociolaborales a empresas desde el año al menos 2001 al 2010".

El exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, imputado en la causa de los ERE irregulares, ha declarado este miércoles que el pago realizado por la mediadora a los sindicatos en concepto de comisión "es una auténtica medida de presión", ya que estas organizaciones sindicales se personaban en la empresa y decían "que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación" si ellos "no hacen otros costes actuariales de contraste o no revisaban los mismos", un estudio de contraste por el que tanto UGT como CC OO cobraban una comisión del 0,5%.

Albarracín, que ha comparecido como imputado ante la juez Mercedes Alaya en calidad de representante legal de Permar 21, ha asegurado que las empresas "le exigían a la mediadora que le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación", añadiendo que "esto no sólo ocurría en Andalucía, sino en toda España, teniendo que soportar las comisiones" las entidades mediadoras, según el acta de su declaración.

Al hilo de ello, ha añadido que "según su experiencia personal, cuando ha estado" con los directores generales de Trabajo "ha visto una relación enormemente fluida con los sindicatos", llegando a leer declaraciones relacionadas con este tema "donde se dice que las pólizas se hacían con quien decían los sindicatos", lo que "en otros sitios de España resulta impensable", aunque ha reconocido que "nunca" ha estado en una reunión con el director general y los sindicatos, "salvo que haya podido coincidir alguna vez".

La juez ha imputado un delito de blanqueo de capitales tanto a Albarracín como a su esposa, todo ello "por la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada por Albarracín como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedentes de fondos públicos".

Según la juez, ello "se traducía en el pago de una retribución variable" al exdirectivo de la mediadora "con cuyas ganancias adquirió desde 2006 a 2011" hasta ocho inmuebles, "destacando por su especial importancia" las transferencias que Atrado Mensajería realizó en 2006 a Permar 21 por importe de 117.066,48 euros, "sin que las mismas obedecieran a la prestación de ningún servicio y constituyendo dicha transferencia prueba evidente de la relación" de Albarracín con el entramado del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

Albarracín ha aseverado que Permar "no se ha nutrido del importe de las sobrecomisiones" y ha explicado que la mayor finalidad de esta entidad "era canalizar los variables que recibía de Vitalia, aunque también recibía facturaciones de otras empresas que no tenían nada que ver con Vitalia, aunque eran excepcionales".

El sindicato UGT Andalucía ha emitido un comunicado donde defiende que el papel de la organización en relación a los ERE ha sido "siempre la que nos corresponde: exigir soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible, la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor sistema de prejubilación posible".

Según UGT, "nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE". Dice la organización que UGT-A no ha mantenido con las aseguradoras, intermediarios, cargos públicos, conseguidores, etc., todos ellos presuntos predadores de dinero público, ningún tipo de relación en torno al investigado asunto de los ERE".

Aseguran que tampoco han mantenido "ningún tipo de relación económica, un extremo radicalmente falso". Sus cuentas, aseguran, "están a disposición de la Justicia si quieren verlas".