Las 300 personas que malviven en la nave industrial de la calle Puigcerdà, en el barrio del Poblenou de Barcelona, serán desalojadas el próximo 18 de julio. La jueza así lo ha sentenciado al considerar que el recinto está ocupado ilegalmente. Pero en su escrito, la magistrada exige a Mossos d'Esquadra, a Servicios Sociales de Barcelona y a la Cruz Roja que «presten la ayuda necesaria» a los afectados y que se lleven a cabo "las gestiones necesarias a fin de poder solventar los problemas de vivienda que padecen".

La jueza admite que "la mayoría de personas que están allí lo están por necesidad, al no tener otro espacio donde ir". Apunta también que hay personas enfermas y que "todas ellas" se hallan en "un estado de necesidad real, grave y urgente".

"Esta juzgadora es consciente de la crisis humanitaria que puede generar el desalojo de la nave", concluye, pero argumenta que el edificio no es propiedad de los que lo ocupan y por este motivo no cambia ni aplaza la fecha del desalojo.

La propiedad demandó a «los ocupantes» del edificio, uno de los mayores asentamientos de Barcelona, en el que viven unas 300 personas, la mayoría de origen subsahariano. "Nos preocupa la vulnerabilidad en la que pueden quedar estas personas, entre ellas hay niños y gente enferma", aclaraba Carlota Falgueras, portavoz de la Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments, formada por ONG y vecinos.

El Ajuntament de Barcelona recordó que se está aplicando el Pla d'Assentaments Irregulars y que se está atendiendo a las personas «en situación de vulnerabilidad» de la calle Puigcerdà. Pero desde la Assemblea critican que sólo se está concediendo ayudas individualizadas y que se ofrece alojamiento en albergues por un plazo de tres días.

Según datos municipales, actualmente hay 12 personas alojadas en recursos municipales y 140 están en seguimiento y cuentan con ayuda humanitaria puntual. Un total de 13 personas están en pleno proceso de inserción socio-laboral.

En la nave de la calle Puigcerdà viven 300 personas. Hace ya tiempo que no tienen agua, pese a las peticiones de ONG y vecinos, pero la semana pasada les cortaron también el suministro eléctrico.

A parte de malvivir en comunidad, los habitantes de la nave utilizan el edificio como almacén de la chatarra que recogen (y con la que se ganan la vida) y como taller artístico. Piden otra nave para poder seguir con sus actividades. De lo contrario "están condenados a la marginalidad", alertaba Falgueras.