La exconcesionaria del aeropuerto de Castellón, Concesiones Aeroportuarias (Conaer) reclama a la sociedad promotora de las instalaciones, Aerocas, dependiente de la Generalitat valenciana, 128 millones de euros y, de forma subsidiaria, 132 millones, por las obras del aeródromo y otras adicionales, por lo que presentó una demanda al considerar que ésta incumplió la novación del contrato para la construcción y explotación del aeródromo que habían suscrito ambas partes.

Durante el juicio, que se ha celebrado este martes en el juzgado de primera instancia número 1 de Castellón, ambas partes se han acusado mutuamente del incumplimiento de dicho contrato. Así, el abogado de Conaer considera que Aerocas incumplió sus obligaciones respecto a la novación del contrato que se llevó a cabo en marzo de 2011 "puesto que no se cumplió una de las condiciones, que era la emisión por parte de Aerocas de la ampliación de la carta de patrocinio a la nueva situación del contrato, a pesar de las promesas de la Generalitat valenciana al respecto".

Asimismo, el letrado ha destacado otro incumplimiento por parte de Aerocas del acuerdo por el que, según ha dicho, la promotora del aeropuerto se comprometió a que la Generalitat valenciana incluyese la deuda que tenía con Conaer en el plan de pagos a proveedores.

En este punto, la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson ha destacado durante su declaración que la Generalitat no dejó de apoyar el aeropuerto de Castellón "en ningún momento", al considerarlo "un proyecto estratégico y de interés general", y ha manifestado que el Gobierno valenciano "no se llegó a pronunciar sobre la carta de patrocinio" y que fue el propio expresidente de Aerocas, Carlos Fabra, quien comunicó a la exconcesionaria a finales de 2011 las razones que habían "impedido o dificultado" que la Generalitat asumiera dicha garantía.

En este sentido, ha apuntado que "no sólo había razones económicas, sino problemas en las relaciones contractuales, como variaciones en el plan económico financiero" que se habían realizado "sin contar con la otra parte".

Por su parte, el asesor jurídico de Globalvía, socio mayoritario de Conaer, Carlos Racleta, ha asegurado que los retrasos sufridos por el aeropuerto "son imputables a Aerocas", lo que originó "sobrecostes por las paralizaciones y una situación de desequilibrio" que llevó a la exconcesionaria a presentar una reclamación privada en diciembre de 2010 "puesto que Aerocas todavía no había desembolsado el préstamo participativo".

Como consecuencia de esa reclamación ha explicado que se abrieron negociaciones con Aerocas que culminaron con la novación del contrato. Según ha dicho, "siempre la Generalitat valenciana dijo que se emitiría la carta de patrocinio, hasta que Carlos Fabra dijo que no sería así porque la Generalitat tenía otras prioridades económicas", por lo que considera que dicha novación "quedó sin efecto y se resuelve por incumplimiento de Aerocas".

Así mismo, ha apuntado que cuando Aerocas recepcionó de forma provisional las obras del aeropuerto el 31 de marzo de 2011 quedaban por realizar unas "subsanaciones menores" por parte de la exconcesionaria que cree que se han ejecutado. Ha denunciado, así mismo, que, a la vez que Aerocas comunicó que no se emitiría la carta de patrocinio, Conaer comenzó a recibir comunicaciones por parte de la promotora del aeropuerto sobre "supuestos incumplimientos que habían surgido de repente" que acabaron con un expediente sancionador.

Las calles de rodaje tendrán que reformarse

El jefe de obra de la UTE que ejecutó las obras del aeropuerto, por su lado, ha explicado que la modificación de la plataforma de viraje que se incluía en las subsanaciones que debía realizar Concesiones Aeroportuarias se ejecutó el pasado verano, aunque ha reconocido que las calles de rodaje —que conectan la pista y la plataforma de estacionamiento— tendrán que reformarse para que el aeropuerto pueda operar con aeronaves de la clase 4D.

En su informe de conclusiones, el abogado de Concesiones Aeroportuarias ha reclamado la estimación íntegra de la demanda, y ha asegurado que "Aerocas tiene que pagar el aeropuerto que se ha quedado", mientras que considera que desde que Aerocas está al frente de las instalaciones aeroporturarias "lo está haciendo peor" .

Por su parte, la abogada de Aerocas ha pedido la desestimación de la demanda y ha indicado que "no es verdad" que la promotora del aeropuerto se niegue a pagar el precio final del mismo, pues —ha añadido— "lo que decimos es que la demanda de la exconcesionaria es absolutamente abusiva y pretende un total enriquecimiento injusto".

Ingresos del aeropuerto en 47 AÑOS

Así, ha aclarado que en el contrato entre ambas partes se establecía que Conaer recuperaría el coste del aeropuerto a través de los ingresos del aeropuerto en 47 años, pero cuando se produjo la recepción provisional de las obras, ésta decidió que no le interesaba empezar la explotación del aeropuerto y pretende recuperar el dinero en un solo plazo, sin tener en cuenta que sus incumplimientos han dado lugar a la resolución del contrato".

Según ha explicado la letrada, la novación del contrato "nunca entró en vigor" debido al incumplimiento por parte de Conaer, ya que no hubo aprobación del plan económico financiero por parte de los bancos ni del Consejo de Administración de Aerocas. Finalmente, ha reseñado que la Generalitat valenciana no emitió la carta de patrocinio por la modificación "unilateral" del plan económico financiero y por no estar realizadas las subsanaciones, entre otras cosas.