El juicio de El Cabildo ha quedado este martes visto para sentencia tras finalizar su última jornada, en la que la fiscal ha elevado la petición de indemnización para los afectados por el derrumbe que han perdido su vivienda con el objetivo de "resarcir" a los perjudicados pero sin incurrir en un "enriquecimiento injusto".

En concreto pide una cuantía intermedia entre la que fijaban los peritos judiciales y la sociedad de tasación, que era superior, una "solución salomónica" propuesta por la fiscal durante la presentación de sus conclusiones, en las que sólo ha modificado su petición de indemnización por el valor de los inmuebles pero no aquéllas que solicitaba por fallecimiento y por secuelas físicas o psicológicas.

En su exposición, ha reconocido que, después de que en el juicio por parte de distintos peritos se haya "bombardeado" con distintos sistemas de valoración de los bienes inmuebles y diferentes cuantías, el "Ministerio Fiscal no sabe lo que es justo".

En este sentido, para determinar el valor de las viviendas, ha reconocido que, a tenor de la explicación de los peritos judiciales en el juicio, "no le parece justo" el sistema que han aplicado para calcularlo, que es el de reposición (lo que costaría volverlo a construir), dado que, de momento, no se puede edificar sobre el solar, y considera que la cuantía resultante al aplicarlo es insuficiente para resarcir a los afectados.

Por ello, propone añadir a esa cuantía del valor de reposición un factor de corrección al tener en cuenta la pérdida de derechos del uso del suelo (valor de repercusión) que han sufrido los propietarios de a viviendas a consecuencia del derrumbe, ocurrido el 8 de diciembre de 2007, lo que debe llevar a elevar las indemnizaciones por los inmuebles hasta los 571,43 euros por metro cuadrado para las viviendas y a 400?/m2 para los locales.

Así, pide para los herederos de Gumersinda —que son sus tres hijos y una nieta que tenía reconocida su hijo Jesús, también fallecido en el derrumbe— unos 205.900 por los dos inmuebles de los que era propietaria la víctima en el edificio que se cayó.

En uno de ellos, vivían su hijo F.G.C., su hija L.G.C., y el marido de ésta, JC.H., a los que se les reconoce casi 38.400 euros por los enseres que había dentro cuando ocurrió el suceso.

Además, se pide casi 455.800 euros de indemnización para los dueños de la tienda de ropa próxima que habían comprado en el edificio siniestrado un piso, que en el momento de derrumbe estaba vacío y que valora en unos 99.600 euros, y un bajo que usaban por almacén, por el que se fija una cuantía de 356.100 euros (incluido el valor las prendas y los enseres que supuestamente estaban allí en el día de los hechos).

Para los otros propietarios afectados en el derrumbe se fijan indemnizaciones que oscilan entre los 10.300 euros y los 99.600 euros.

Por su parte, el letrado de los tres hijos de Gumersinda Colmenero y hermanos de Jesús Gómez Colmenero —L.G.C., F.G.C. y D.G.C — y del marido de L.G.C. ha modificado también sus conclusiones para pedir la actualización a las cifras de 2013 de las indemnizaciones reclamadas.

Así, se piden casi 157.100 euros para F.G.C.; 105.200 para L.G.C.; 43.000 para D.G.C., hijos y hermanos de estos dos fallecidos, mientras que se solicita casi 56.600 euros para el yerno de Gumersinda.

Dentro de estas cantidades, figura una solicitud para cada hijo de Gumersinda de más de 28.000 euros por el fallecimiento de su madre y 31.500 por el de su hermano Jesús, salvo en el caso de D.G.C. que en este segundo concepto se rebaja a 15.000 al considerar que éste no convivía.

Además, en esta cantidad se incluyen las indemnizaciones solicitadas por lesiones, pérdidas de bienes, pertenencias y enseres de las viviendas, costes de alquileres de los pisos donde han tenido que vivir tras el derrumbe y otros daños morales. Por otra parte, se solicita responsabilidad civil subsidiaria para las empresas Ingenia y Memecons, de las que eran socios el ingeniero y el constructor acusados, respectivamente.

Algunas otras acusaciones han hecho algunas modificaciones en sus conclusiones y en sus peticiones de indemnización y responsabilidad civil, aunque no sustanciales en la mayor parte de los casos.

DEFENSAS

Rechazo a la responsabilidad civil y a las indemnizaciones que plantean la acusación y el Ministerio Fiscal han expresado las defensas, en las que están representados, entre otros, los acusados, el ingeniero (Carlos Iturregui) y el constructor (Adolfo Menocal) de las obras del número 12 de la Cuesta del Hospital, que provocaron el derrumbe del 14; y las aseguradoras Caser y La Estrella, con las que éstos tenían suscritas pólizas.

De hecho, una de ellas, La Estrella, pide su libre absolución de la responsabilidad que reclama la fiscal y varias acusaciones al mantener que ninguna de las dos pólizas que había suscrito el constructor —una de ellas en connivencia con la comunidad de propietarios del 12— cubrían los trabajos que se hicieron en ese bloque.

En este sentido, ha apuntado que los trabajos de excavación y movimientos de tierra, que son los que a su juicio provocaron el suceso, quedaban "excluidos" de la póliza suscrita para la obra, y ha señalado que, de lo contrario, la prima a pagar hubiera sido "muy superior". Según ha sostenido, el constructor "nunca manifestó" que fuera a hacer ese tipo de trabajos.

También ha pedido la libre absolución como responsable civil subsidiaria la comunidad de propietarios del 12 al considerar que los dueños de las viviendas de ese edificio hicieron, ante las obras que iban a ejecutar, "todo lo que estaba en su mano" para que la "rehabilitación" que se iba a llevar a cabo "fuera bien". Además, considera que el ingeniero "se excedió" en el mandato para el que fue contratado, que no era demoler el edificio para después levantarlo, sino sólo reforzar la estructura.

Por otro lado, varias defensas han expresado su oposición a algunas de las indemnizaciones solicitadas por los familiares de los fallecidos y los propietarios de las viviendas al considerarlas excesivas.

En este juicio sólo se ha discutido sobre la responsabilidad civil, ya que la penal quedó resuelta tras el acuerdo parcial alcanzado entre las partes, por las que se rebajó de cuatro a dos años la pena de prisión para el ingeniero y se retiró la solicitada para el constructor, que tendrá que pagar sólo una multa.