El secretario general del PP en Almería, Javier Aureliano García, ha trasladado este martes que el alcalde de Cantoria, Pedro Llamas, "es responsable y sabe perfectamente lo que tiene que hacer" ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma las penas de dos años de cárcel y de 23 meses de inhabilitación especial a las que fue condenado por delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos.

"Las sentencias están para cumplirlas, nos gusten o no, y, por supuesto, el PP acepta y no cuestiona en ningún caso ninguna sentencia", ha indicado a preguntas de los periodistas García, quien ha asegurado que "en breves horas o días" se sabrá "qué postura va a tomar Pedro Llamas".

Al hilo de esto, ha remarcado que existen unas "reglas de juego de las que participamos todos y que aceptamos en nuestros quehaceres diarios y cuando entramos en política". "Nosotros animamos a acatar sentencias, que están para cumplirlas", ha apostillado.

Ha afirmado que desde la dirección del PP "se ha hablado" con el alcalde de Cantoria y se han "compartido reflexiones sobre la sentencia". "Por tanto, es responsable y sabe lo que tiene que hacer", ha insistido García.

En esta línea, y al ser interpelado sobre si hay "repuesto" ante una posible dimisión de Llamas, ha dicho que no se ha hablado "ni de repuesto, ni de dejar de tener repuesto" y ha trasladado que los "tiempos hay que marcarlos tranquilamente y sin aceleración". "Hay buena cantera para sustituir", ha señalado.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde de Cantoria por faltar a la verdad un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba que hubiera autorizado el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro viviendas construidas sobre suelo no urbanizable.

Llamas ha sido condenado, asimismo, por no denunciar estas edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística sino que, al contrario, según remarca el Supremo, "concedió autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas viviendas".