El presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha mostrado este martes su sorpresa por los errores existentes en las supuestas ventas de las fincas de la infanta Cristina y ha subrayado que llama más la atención que tras cuatro días no haya una aclaración.

Cruzado ha opinado así sobre el informe enviado por la Agencia Tributaria al juez José Castro, instructor del caso Nóos, sobre las ventas inmobiliarias de la infanta por valor de 1,43 millones de euros y que esta ha negado.

Cruzado ha mostrado su extrañeza por este asunto, "especialmente si se observa que en las supuestas operaciones de venta han participado cuatro notarios y cuatro registradores diferentes".

El presidente de Gestha ha afirmado que Hacienda, "que posee un sistema informático muy potente", debería haber cruzado esos datos para comprobar su veracidad.

Asimismo, no entiende que se haya remitido esa lista al juez instructor sin haber llevado a cabo una mínima supervisión, sobre todo, tratándose de una persona "tan sensible".

Además, ha mostrado su disconformidad con que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sembrara en su momento dudas sobre ciertos colectivos y ahora no se pronuncie sobre las supuestas ventas de la infanta Cristina.

Por otro lado, el Colegio de Registradores de España ha asegurado en un comunicado que las fincas que se atribuyen a la Infanta Cristina ni están, ni han estado nunca registradas a su nombre y que sólo figura como titular de su residencia en Barcelona.

"Consultados los registros de la propiedad en los que se encuentran inscritas las propiedades que se han atribuido a la Infanta Cristina, el Colegio de Registradores informa que la Infanta solo figura como titular registral de su residencia en Barcelona". Además, añade que "las fincas cuya titularidad se le han atribuido, ni figuran inscritas, ni lo han estado nunca a su favor".

Según un argumentario de la Agencia Tributaria sobre este asunto, al que ha tenido acceso 20Minutos, el juez Castro no solicitó "un informe", sino "todos los datos desde 2002" que constaban en la agencia. Se les remitieron todos y "se le advirtió que algunos de estos datos provenían de terceros (registradores y notarios entre otros)".

Sobre la falta de comprobación, el organismo explica que por ley "no puede comprobar la veracidad de datos prescritos" (cuando han pasado cuatro años). Por lo tanto, no podía verificar esas supuestas ventas inmobiliarias realizadas entre 2005 y 2006, según el argumentario de la Agencia Tributaria.

Son las mismas justificaciones que ha ofrecido horas después la Agencia en un comunicado oficial, en el que atribuye el "error" con la infanta a que en los documentos que recibió "de terceros" constaba un DNI igual al de la infanta y por eso se le atribuyó la propiedad de las fincas.