El Ministerio Fiscal ha elevado su petición de indemnización para los afectados por el derrumbe de El Cabildo que han perdido su vivienda y propone una cuantía intermedia entre la que fijaban los peritos judiciales y la de los de la sociedad de tasación —que eran superiores a las de los primeros—, una "solución salomónica" para resarcir a los perjudicados pero sin incurrir en un "enriquecimiento injusto".

Así lo ha expuesto este martes la fiscal durante la presentación de sus conclusiones, en las que no ha modificado su petición de indemnización por fallecimiento ni tampoco por secuelas físicas o psicológicas.

Valoración de los inmuebles

En su exposición, ha reconocido que, después de que en el juicio por parte de distintos peritos se haya "bombardeado" con distintos sistemas de valoración de los bienes inmuebles y diferentes cuantías, el "Ministerio Fiscal no sabe lo que es justo".

Ha señalado que "le gustaría" que se determinase la "cuantía justa" para resarcir a los propietarios de las viviendas del inmueble que se cayó por la pérdida de sus casas.

En este sentido, para determinar el valor de las viviendas siniestradas, ha reconocido que, a tenor de la explicación de los peritos judiciales en el juicio, no le parece justo" el sistema que han aplicado para calcularlo, que es el de reposición (lo que costaría volverlo a construir), dado que, de momento, no se puede edificar sobre el solar, y considera que la cuantía resultante al aplicarlo es insuficiente para resarcir a los afectados.

Por ello, propone añadir a esa cuantía lo que se denomina valor de repercusión del suelo por la pérdida de derechos de su uso desde el derrumbe, el 8 de diciembre de 2007, que ha quedado establecido en 571,43 euros por metro cuadrado para las viviendas y en 400?/m2 para los locales.

Por su parte, el letrado de los tres hijos de Gumersinda Colmenero y hermanos de Jesús Gómez Colmenero — L.G.C., F.G.C. y D.G.C — y del marido de L.G.C. ha modificado también sus conclusiones para pedir la actualización de las indemnizaciones reclamadas conforme a las cantidades para el 2013 en la aplicación del baremo del sistema de valoración establecido para valorar accidentes de circulación.

Así, se piden 157.084,61 euros para F.G.C.; 105.240,62 para L.G.C.; 43.035,60 para D.G.C., hijos y hermanos de estos dos fallecidos, mientras que se solicita 56.566,32 euros para el yerno de Gumersinda.

Dentro de estas cantidades, figura una solicitud para cada hijo de Gumersinda 28.035 euros por el fallecimiento de su madre y 31.540 por el de su hermano Jesús, salvo en el caso de D.G.C. que en este segundo concepto se rebaja a 15.000 al considerar que éste no convivía.

Además, esta petición del letrado de la familia de dos de los fallecidos incluye indemnización por lesiones, por pérdidas de bienes, pertenencias y enseres que se encontraban en sus viviendas y los costes de los arrendamientos de otro piso y otros daños morales no incluidos en apartados anteriores.

Por otra parte, se pide la responsabilidad civil subsidiaria para las empresas Ingenia y Memecons, del ingeniero y del constructor, respectivamente.

Ya en relación a las defensas de los acusados y de las aseguradoras de éstos y sus empresa han expresado su rechazo a la responsabilidad civil que se les plantea.