Aumentan los secuestros internacionales de niños por parte de uno de sus progenitores

Un niño, de espaldas
Un niño posa de espaldas. (ARCHIVO)
  • 112 niños han sido raptados este año por uno de sus padres, según Justicia.
  • Desde 2008 se contabilizan 1.166 casos, casi los mismos que la década anterior.
  • El perfil del sustractor ha cambiado. Ahora es el de una madre que vuelve a su país de origen con los niños ante la falta de oportunidades laborales.
  • Ante las vacaciones de verano, cuando puede producirse la salida inconsentida de menores del país, recomiendan denunciar cuanto antes.

En lo que va de año, al menos 112 niños han sido raptados por uno de sus progenitores, según los datos de sustracción internacional de menores oficiales del Ministerio de Justicia. Hasta mediados de junio, España ha reclamado a otros países la devolución de 71 niños sacados del país, mientras que España ha sido requerida en 41 casos de niños traídos aquí desde el extranjero.

El secuestro internacional de menores es un fenómeno que va en aumento, año tras año, por el auge de las separaciones de matrimonios binacionales en plena crisis económica. De 2008 a 2013 se han denunciado 1.166 casos en España, casi los mismos que en toda la década anterior (1.205).

Las madres, las más denunciadas

Cuando España empezó a legislar contra el rapto de niños por uno de sus progenitores —el delito entró en el Código Penal en 2002— el sustractor era principalente un padre que, sin tener la custodia de los menores, se negaba a devolverlos tras una visita. Ahora hay otro caso aún más frecuente, el de las madres que —ostentando la custodia— son denunciadas por llevarse a los niños fuera del país sin el permiso del padre.

Basta dilatar los procesos, demostrar el arraigo del menor y muchos niños terminan por no ser devueltos Ana Criado, mediadora familiar, explica con un ejemplo paradigmático el cambio del perfil de sustractor a sustractora: "Soy una española, me voy de Erasmus, me enamoro de un italiano, nos vamos a vivir a Dublín, él encuentra trabajo maravilloso, yo me siento desenganchada en un país que no es el mío, en el que no está mi núcleo de amistades. La otra parte está trabajando como un poseso, porque es difícil prosperar. Me vengo de vacaciones a España y me pregunto. ¿Qué hago en Dublín? Hablo con mis padres y veo lo desgraciada que soy. Entonces decido que me quedo porque estoy con mis hijos y con el resto de la familia".

La crisis, la falta de oportunidades laborales y el desarraigo influyen en el aumento de la sustracción de menores, insiste esta experta. "El fallo está en que las parejas no se plantean a tiempo cómo afrontar la separación y pactar un adecuado régimen de visitas que no vaya en detrimento de los derechos del menor", explica Criado, que se dedica profesionalmente a intentar solucionar conflictos familiares a posteriori.

El Convenio de La Haya, de 1980, obliga a los países firmantes (unos 80) a la restitución del menor al Estado de residencia habitual para asegurar la protección del derecho de visita. Los países adheridos se comprometen a crear una autoridad central que aglutina la burocracia necesaria para tramitar la devolución de un menor. Los últimos países en sumarse han sido Japón y Marruecos, este mismo año.

Aún tenemos en la retina las imágenes de desesperación de dos madres españolas, Isabel y Elena, en el momento en que los jueces determinaron que sus hijos debían volver a México y Portugal, respectivamente.

El convenio impone un límite de un año para restituir al menor, que no siempre se cumple. "En la mayoría de los casos basta dilatar los procesos para traspasar esa frontera temporal, demostrar el arraigo del menor en el nuevo país, y así muchos niños terminan por no ser devueltos", resume Ana Criado.

Vacaciones de verano, una época proclive

El abogado Adolfo Alonso —expresidente de la Asociación para la Recuperación de niños sacados de su País— considera que algo no se está haciendo bien si no se logra atajar el número de secuestros parentales. A su juicio, urge firmar acuerdos bilaterales con países no adheridos a La Haya. Además, reclama una reforma del Código Penal "para que no haya distinción si quien comete el rapto tiene o no la custodia del menor". Actualmente se considera delito (con penas de 2 a 4 años de prisión) la sustracción internacional cometida por un progenitor que no tiene la custodia, mientras que se considera falta por incumplimiento del deber de visitas si quien se lleva al menor tiene su custodia legal. Hasta donde Alonso sabe, en España nadie ha entrado en prisión por raptar a sus hijos.

Angela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, explica que el incremento de mujeres entre las denunciadas -que supera por poco al de los hombres- se debe a que son ellas las que ostentan en el 85% de los casos las custodias y se llevan en sus traslados a los menores, que consideran su responsabilidad. Sin embargo, advierte de que aunque solo cometan una falta por incumplimiento del deber de visitas, el traslado inconsentido de país puede suponer para las mujeres la pérdida de la custodia.

Las críticas de Cerrillos se centran en la falta de apoyo a los españoles que reclaman menores en otros países. La abogada explica que cuando un ciudadano de EE UU viene a demandar la devolución de su hijo, España pone a su servicio a la abogacía del Estado, "que la pagamos todos", mientras que un español o española que va a EE UU a iniciar los trámites de devolución de un menor tiene que contratar los servicios de un abogado. "Debería exigirse el principio de reciprocidad", añade.

Pese a tratarse de un fenómeno atemporal, Cerrillos alerta de la cercanía del periodo vacacional, más proclive para la no restitución de un menor tras una salida del territorio nacional. En caso de detectar la desaparición, su recomendación es "pedir cuanto antes la restitución del menor a través de la autoridad central, porque el tiempo corre en contra".

Antonio Blanco, tres años reclamando que su hija, Isabel Shiori, vuelva de Japón

Antonio Blanco lleva tres años peleando por la restitución de su hija Isabel Shiori, de 6 años. Su madre la llevó de vacaciones a Japón y nunca regresaron. Antonio explica que en estos tres años lo ha intentado "todo" para recuperar a su hija, "pero sin éxito". Y eso que el Ministerio de Justicia admitió no haber transmitido la orden que impedía a su mujer sacar a la niña del país. Le indemnizaron con 3.000 euros, un dinero que no compensa su gran pérdida.

"Este país es medio de risa. Se puede salir con un menor con una tranquilidad salvaje", denuncia. "En otros no pasa, no dejan salir a un menor solo con un progenitor sin el permiso del otro". Blanco explica que la sustracción de su hija le ha traído "episodios de insomnio, temporadas de rabia y de depresión". Eso por no hablar de las dificultades laborales que le ha supuesto tener que pasar en Japón seis meses para litigar por un régimen de visitas que le permitan ver crecer a Isabel Shiori.

En Japón, Antonio llegó a un acuerdo con su ex que, "ella incumple sistemáticamente". La madre está obligada a pagar a Antonio 50.000 yenes cada vez que incumple el régimen de visitas. "Me debe ya 200.000". Con todo, este padre prepara el viaje para ir en verano a Japón, esperando poder pasar tiempo con su hija, a la que ni siquiera dejan ver por Skype.

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